México, 24 oct (EFE).- La comunidad indígena otomí que reside en la Ciudad de México decidió levantar la voz con la ocupación de la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) del Gobierno federal, una toma que este sábado cumple 12 días exigiendo vivienda digna, salud, educación y trabajo.
También denuncian otros problemas de los pueblos originarios del país, como la violencia en sus comunidades, el despojo de sus tierras y la construcción de grandes obras de infraestructura impulsadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya en el sureste de México.
Entre la casi 100 personas que tomaron el lugar, hay unos 30 menores de edad, cuyas voces dan otro tono a un lugar que luce tapizado de carteles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la exguerrilla indigenista que se levantó contra el Estado en 1994.
Asimismo, todas las pertenencias de los trabajadores del instituto permanecen en su lugar, acompañadas por las colchonetas que usan los indígenas para dormir mientras esperan a tener una vivienda digna, una demanda de hace dos décadas.
«La comunidad otomí desde que llegó a la Ciudad de México ha tenido esa necesidad y corretear una vivienda por más de 20 años ha sido muy difícil», contó en entrevista con Efe Maricela, una de las cinco mujeres, junto con un hombre, que representan a la comunidad que ocupa el edificio.
Con la toma del INPI, tres edificios de Gobierno han sido tomados este año. El primero fue la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por parte de familiares de desaparecidos, y la segunda, una sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por parte de madres de víctimas de feminicidios.
MÁS DE DOS DÉCADAS EN LA CAPITAL
Estos otomíes provienen de la comunidad de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco, en el central estado de Querétaro, pero residen en la capital desde hace más de dos décadas aunque siempre lo han hecho en campamentos en terrenos baldíos o edificios abandonados sin servicios básicos.
Algunos vivían en el viejo edificio de la antigua embajada de la Segunda República Española, pero el poderoso terremoto del 19 de septiembre de 2017 terminó por «dejarlo inservible e inhabitable, entonces, eso nos dejó como única opción vivir en la calle para resguardar los espacios pero, sin servicios, ni condiciones», expuso Maricela.
«Peleamos por una vivienda digna, salud, educación y trabajo, que son derechos y como comunidad ese día dijimos: ya basta», señaló la mujer, quien acusó a la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, y el titular del INPI, Adelfo Regino, de ignorar sus peticiones.
NADA QUE CELEBRAR
Con las autoridades de la capital mexicana atentas a un potencial derribo de la estatua de Cristóbal Colón el pasado 12 de octubre, este centenar de otomíes aprovechó para manifestarse aquel día con la toma del edificio, en cuya fachada lucen ahora decenas de pintadas en apoyo a los otomíes.
«Tomamos las instalaciones justamente en los 528 años de opresión porque, ¿qué vamos a festejar nosotros si vivimos en la calle? Durante la pandemia (las autoridades) ni siquiera nos voltearon a ver aún sabiendo nuestra necesidades», recordó Maricela.
Por eso advirtió que ocuparan el edificio del INPI «y desde aquí vamos a resistir hasta que Sheinbaum y Regino se acerquen a dialogar con la comunidad».
Tras la toma, el INPI, encargado de impulsar la relación entre el Estado y las comunidades, informó que intentaron «establecer comunicación con los manifestantes» a quienes se les planteó una reunión para informarles de los avances sobre el derecho a la vivienda.
LA OCUPACIÓN, ÚNICA OPCIÓN
«Estamos aquí porque ya es mucho tiempo, más de 20 años, de vivir en los campamentos», dice a Efe Gilberto, el único hombre entre el grupo representante, quien asegura que la comunidad ha cubierto todos los requisitos y trámites que conforme a la ley les han solicitado para ocupar los espacios y los predios.
Señala que el Gobierno capitalino no ha cumplido sus promesas y por ello al movimiento indígena no le dejaron otra opción que tomar las instalaciones para hacer visible sus peticiones.
El Gobierno de Sheinbaum asumió el poder en 2018, pero según Gilberto «no se ha visto ningún avance» y pone como ejemplo los nulos apoyos a la venta de artesanías, actividad con las que las familias indígenas se sostienen y que se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus.
NO SOMOS PIEZAS DECORATIVAS
«Para el Gobierno no existimos y para nosotros, como pueblos originarios, es una burla que nos pidan festejar el 12 de octubre y que podemos festejar si todo el tiempo nos ignoran», dice otras de las mujeres, que prefiere reservar su nombre.
Recuerda que el discurso de las autoridades es señalar que la comunidad otomí no existe en la capital mexicana, «pero aquí estamos y claro que existimos. No nos vamos a ir y si piensan que nos vamos a cansar no es así, vamos a resistir».
Y a pesar de que ahora viven en oficinas, «nosotros preferimos vivir aquí, porque así los niños y adultos no sufrimos los cambios de clima, lluvia, frío o calor que son duros viviendo en la calle en la ciudad», sostiene.
Según otra de las mujeres, la toma ha sido pacífica «sin violencia» y no han tocado ningún objeto «para que las autoridades no acusen de ladrones».
Eso sí, ve como «una burla» que en los escritorios del instituto estén decorados con muñecas otomíes que los indígenas elaboran.
«Con eso dicen que apoyan a los pueblos indígenas», expone indignada la mujer.
