CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El coordinador de la bancada de diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, presentó una denuncia ante la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri (PRI), contra la secretaria General del Palacio Legislativo de San Lázaro, Graciela Báez, por la manera en que se condujo al enviarle un escrito al coordinador de Morena, Ignacio Mier, para informarle sobre el proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
En un documento que fue recibido a las 13:10 horas de este miércoles, Romero Hicks dijo que la actuación de Graciela Báez se realizó en contravención de las disposiciones procesales establecidas para el procedimiento que se le pretende incoar.
Cabe recordar que el pasado martes por la noche, el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, publicó un mensaje en su red social de Twitter en el que reveló una tarjeta informativa que le envió Graciela Báez contra García Cabeza de Vaca y donde revelaba que se le acusaba de los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Sin embargo, Romero Hicks acusó que fue un «error» porque no se había ratificado la demanda, que se haría hasta este 25 de febrero al mediodía, «lo anterior se realizó por la Secretaría General, no obstante que, como lo menciona en el propio oficio de mérito, no se había realizado la ratificación del escrito de solicitud de inicio del procedimiento de declaración de procedencia o desafuero.
«Como se desprende de los hechos relatados en el apartado correspondiente, la Secretaría General de la Cámara de Diputados se ha conducido con desapego al procedimiento dispuesto en el artículo 12, con referencia del diverso numeral 25, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero no obstante que el mismo no había sido ratificado por su promoventes, ésta dio cuenta del referido escrito al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados», definió en el oficio el panista Romero Hicks.
Indicó que la secretaria General ha sido omisa en respetar el procedimiento establecido en la legislación, pues no solamente omitió observar la debida y previa ratificación del escrito de la solicitud de desafuero, sino que informó indebidamente al presidente de la Junta de Coordinación Política, «actos contrarios a los supuestos procedimentales señalados con anterioridad y que se encuentra obligada a observar».
Añadió que la presidencia de la Junta de Coordinación Política es, en esencia, órgano de carácter político, que en el estado que guarda no debe tener injerencia alguna en el desarrollo del procedimiento.
«Esta violación de la legislación adjetiva constituye, a todas luces, una violación a las reglas del debido proceso penal y exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente adjetiva, pues la imprecisión de la Secretaría General provoca incertidumbre en el destinatario de la norma, lo que vicia el transcurso del procedimiento de declaración de procedencia y lesiona las garantías procesales del sujeto pasivo del acto jurídico promovido», define Romero Hicks.
Señaló que al haber informado, primero, al presidente de la Junta de Coordinación Política, «trajo como consecuencia la indebida difusión y publicación del contenido del escrito de solicitud de Declaración de Procedencia, lo que constituye una violación del principio de presunción de inocencia, en sus vertientes de regla de trato intraprocesal y extraprocesal, así como de carga probatoria».
Agregó que para las diputadas y diputados panistas resulta de la mayor interés el conocimiento cabal de los elementos de prueba que eventualmente presenten las partes y dijo que las faltas al debido proceso en que incurrió la Secretaría General vician el contenido del procedimiento de desafuero dando pie a hechos ajenos al propio procedimiento que hacen valer motivaciones de orden político, convirtiendo las acusaciones en una arma política en contra de sus adversarios y opositores y desnaturalizando el procedimiento de declaración de procedencia en una herramienta facciosa.
Con este escrito, dijo que se da cuenta de las «claras violaciones» a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que, «esa presidencia a su digno cargo, sirva a dar vista a la Contraloría Interna de este órgano legislativo y solicitar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos la presentación de las denuncias que al caso correspondan», definió Romero Hicks.
