El calvario para los familiares del niño Leonardo Antonio, quien falleció 11 años atrás y apenas a los cuatro días de nacido presuntamente por una negligencia médica, aún no termina debido a que “no se ha hecho justicia ni se ha respetado la ley, pues el responsable sigue gozando de libertad a pesar de que existe una sentencia en su contra y de que el caso fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ratificó la sanción que se le impuso a quien provocó la tragedia familiar”.
Es la abuela del bebé quien de manera valiente hizo la denuncia en HIDROCÁLIDO de lo que calificó como un atroz atropello de la ley para proteger a quien, dijo, sin ser especialista se ostentó como pediatra para atender el parto y quien luego de que se complicó el estado de salud del recién nacido se negó sistemáticamente a atender el caso, lo cual le costó la vida al bebé que no sobrevivió a una presunta infección bacterial.
En compañía de su afligido esposo y a nombre de la familia, la señora Ma. Guadalupe Enríquez Cida dijo que aún siguen esperando que se haga justicia del suceso infausto ocurrido en enero de 2010, pues “no puede ser que el doctor Miguel Berrones Garduza, que se ostentaba y atendía como pediatra sin contar entonces con la cédula respectiva, nos provocara tanto dolor, esté siendo protegido para no pisar el centro penitenciario, aun y cuando hay una sentencia que lastimosamente está siendo burlada por una serie de autoridades que han actuado en complicidad”.
“Por la irresponsabilidad, falta de ética y de todas las agravantes por parte del doctor, fue que Leonardo Antonio González Fabre apenas sobrevivió cuatro días, por lo que clamamos que se aplique la ley y que el responsable cumpla con el castigo que se le impuso, aunque sabemos que eso no reparará el daño que nos causó y que ni con la cárcel ni con nada se recuperará la vida del niño”, señaló con lágrimas en los ojos la atribulada abuela.
Exhibiendo cada uno de los documentos recopilados del caso, empezando por la formal querella presentada el 11 de enero de 2010 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y hasta la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por los juzgados, los tribunales colegiados y otras instancias, donde se peleó férreamente para que el caso no quedara impune, la afectada aseguró que aunque al presunto responsable Miguel Berrones se le impuso una pena de cinco años de prisión, así como una multa económica por 400 mil pesos y la inhabilitación por dos años para ejercer como médico y como pediatra, especialidad que posteriormente logró acreditar con la cédula que no tenía en principio, “es hora que no ha puesto un pie en la prisión, no obstante que la pena se le conmutó para que la pudiera cumplir en semilibertad”.
En ese sentido y luego de exponer a detalle la “terrible pesadilla” que siguen viviendo, el origen de la misma y las complicidades de las autoridades de entonces para “proteger” y evitar que el presunto responsable pise la prisión y que “además pretenda desacreditarnos con señalamientos dolosos en nuestra contra y por los que también será demandado”, la señora Guadalupe Enríquez dijo que lo único que se busca es que se cumpla la sentencia, se respete la ley y se considere el dolor que causó el supuesto mal proceder del presunto responsable, por lo que “se cree y ha demostrado ser poderoso con las complicidades que lo han favorecido, pero no nos intimidaremos y seguiremos adelante para que se cumpla llanamente la sentencia, sin trampas y sin beneficios de ninguna índole para el responsable”.
CASO Y COMPLICIDADES
El niño Leonardo Antonio nació el 1° de enero de 2010 en una clínica especializada del sur de la ciudad y después del parto hubo una serie de complicaciones (sangrado intenso por daños causados al organismo por una supuesta bacteria) en su estado de salud que no le fueron reportadas a la familia, pero aún así el bebé le fue entregado a sus padres por órdenes de quien atendió el parto, por lo que hubo necesidad de llevarlo de urgencia y por recomendación de un neonatólogo a otra unidad hospitalaria, donde permaneció por unas horas hospitalizado en terapia intensiva, donde falleció por la gravedad del caso que, aseguran los familiares, no fue reportado ni atendido como debiera ser por el doctor Berrones.
Días después del fatal desenlace se procedió por la vía legal para que se investigara el caso, se deslindaran responsabilidades y se aplicara la ley, pero el presunto responsable siempre contó con el apoyo de las autoridades (de entonces) tanto de Gobierno, al grado de que incluso se ordenó su liberación, y no sólo eso, sino que además se le ofreció una disculpa pública, ante lo cual los afectados iniciaron un camino muy largo y tortuoso para pelear para que la muerte del bebé no quedé impune y para que se haga valer la ley sin recovecos de ninguna especie.
“El daño ya nos lo causaron, el dolor lo seguimos sufriendo, porque se trató de una vida la que se perdió, lo único que pedimos es que el responsable pague el castigo que se le impuso y que el caso se conozca para que también las autoridades de salud y de gobierno sepan lo que sucede cuando se permite que personas sin escrúpulos y sin la preparación profesional actúen de esta manera”, expuso la denunciante.
LA SENTENCIA
La inconformidad de los familiares del pequeño Leonardo Antonio es clara: no se está cumpliendo lo que dicta la sentencia del caso.
El juez penal que atendió el caso lo resolvió imponiendo a Miguel Ángel Berrones Garduza, por la comisión del delito de homicidio culposo, una pena de cinco años de prisión, las correspondientes penas de multa y reparación del daño, y la privación o inhabilitación para ejercer la profesión médica incluida su especialidad de pediatra o neonatólogo por un periodo de dos años, así mismo se le concedieron los sustitutivos de la pena de prisión; sentencia que causó ejecutoria en fecha, aunque esta última disposición no se ha cumplido porque “hay pruebas de que no se ha presentado en ninguna ocasión a su internamiento, tal y como corresponde en este tipo de casos”.
“Se le ha pedido al juez que lleva el asunto que se ordene la reaprehensión de Berrones, a fin de que se cumpla de manera efectiva la pena privativa de la libertad”, señaló, tras sostener que se ha acreditado que el sentenciado no se encuentra dando cumplimiento a la privación o inhabilitación para ejercer la profesión médica incluida su especialidad de pediatría o neonatólogo por un periodo de dos años, por lo que de igual manera se le ha pedido a la autoridad judicial que se informe a la Dirección General de Profesiones para que se inicie el procedimiento sancionador que corresponda a dicho incumplimiento y para que el juez emita la sanción correspondiente al mismo incumplimiento, siendo una consecuencia la revocación al sustitutivo de semilibertad por incumplir con la sentencia que se ejecuta.
