Juegos pirotécnicos son la consulta popular para llevar a juicio político a cinco ex-presidentes de México. Todo es parte de un espectáculo, que seguirá abasteciendo de gasolina al presidente Andrés Manuel López Obrador para continuar engañando a la sociedad de que su lucha contra la corrupción es real y profunda. Lejos está de ello. Pero si en realidad quiere hacer algo concreto, debe dar luz verde a un caso que le presentaron en sus reuniones de trabajo de madrugada en Palacio Nacional, e instruir al fiscal Alejandro Gertz Manero a proceder en contra del ex-presidente Enrique Peña Nieto, por presuntos delitos de evasión fiscal y eventualmente lavado de dinero.
El presidente recibió la información de que los hermanos Álvarez Morphy Alarcón, continuamente denunciados por López Obrador en la mañanera porque su empresa, Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, se convirtieron en los principales distribuidores de medicinas en el país, son prestanombres de Peña Nieto. No se le ha proporcionado más detalle de lo que encontró la Fiscalía General, que sin embargo ha llevado a cabo una larga investigación sobre esa compañía que, en 2018 y sin explicación alguna, dejó de vender vacunas, con lo que provocó un desabasto de la vacuna triple viral —para el sarampión, la rubéola y las paperas— que afectó a más de 750 mil niños.
Las empresas de los Álvarez Morphy Alarcón llevaban tres décadas vendiendo vacunas a los Gobiernos, y tuvieron un crecimiento exponencial durante el sexenio de Peña Nieto. En la administración de Ernesto Zedillo vendieron vacunas por 71 millones de pesos anuales, que se desplomaron a 22 millones durante la de Vicente Fox. Mejoró su proveeduría de manera importante en el Gobierno de Felipe Calderón, al que se vendió más de 612 millones de pesos, pero se disparó en el de Peña Nieto, que le compró vacunas por más de dos mil millones de pesos. Una sola de sus empresas, constituida en 2017, recibió 17 contratos en adjudicación directa por 145 millones de pesos.
Hay razones objetivas del presidente López Obrador cuando se queja del control que tenía la empresa sobre la venta de vacunas, que explica el porqué desde el principio de su Gobierno se diseñó un nuevo modelo de compra y distribución —esto no justifica el desastre que causaron sus colaboradores, al no saber cómo hacerlo eficaz y menos costoso—, y el porqué fue perseguida por las autoridades. La Secretaría de la Función Pública multó con un millón 124 mil pesos, e inhabilitó durante 27 meses a los Laboratorios Pharma por presentar información falsa para ganar los contratos en la Secretaría de Salud, mientras que la Procuraduría Fiscal promovió querellas por defraudación fiscal contra los hermanos Francisco y Ernesto Álvarez Morphy, por presuntamente haber evadido al fisco tres y medio millones de pesos en 2015, el primero, y por no haber reportado 11 millones de pesos en su declaración anual de 2018, el segundo.
Peña Nieto se acercó a los Álvarez Morphy por la cercanía de su esposa Angélica Rivera con la esposa de Ernesto, y rápidamente se convirtió en un confidente de ambos. De ahí que fuera utilizado como el intermediario de Rivera en las negociaciones con Peña Nieto durante el proceso de su divorcio. Esa cercanía le granjeó a él y a su hermano Francisco, que se convirtieran en los reyes de las vacunas durante el sexenio peñista, y uno de los empresarios preferidos del régimen. Tanto, por las investigaciones de la Fiscalía General, que también le sirvieron como prestanombres, sugiriendo que negocios de los hermanos son del ex-presidente.
El caso que lleva Gertz Manero es ideal para López Obrador, al juntar el hambre (la lucha contra la corrupción) con las ganas de comer (un ex-presidente presuntamente involucrado en ilegalidades), pero se ha congelado en el despacho presidencial desde hace unas semanas. No ha habido ninguna instrucción directa o indirecta, como suele hacerlo el presidente a través de su consejero jurídico, Julio Scherer, que proceda con esa pesquisa. La razón de ello es clara.
Con Peña Nieto tiene un acuerdo de palabra: si no se metía en la elección presidencial lo respetaría, y no le echaría encima la jauría justiciera para llevarlo ante el Ministerio Público. Este acuerdo nunca ha sido confirmado, pero tampoco desmentido por nadie en posición de saber. López Obrador, sin embargo, lo ha respetado al máximo, soportando las presiones de los radicales de su grupo que antes de la pandemia lo urgían a que ante las críticas de que la cruzada contra la corrupción era una pantomima, llevara a juicio a Peña Nieto. La respuesta del presidente fue un mensaje a su abogado, Juan Collado, para que le dijera a Peña Nieto que guardara un bajo perfil y se fuera de México, lo que hizo a la semana que se lo recomendaron.
El acuerdo pareció tambalearse cuando Gertz Manero, que sí quiere encarcelar a ex-presidentes, detuvo a Collado. En la Presidencia le ofrecieron un acuerdo similar al que le presentó el fiscal al ex-director de Pemex, Emilio Lozoya: si declaraba contra Peña Nieto, no pisaría la cárcel. Collado se resistió a denunciar al ex-presidente o a otros de sus amigos otrora poderosos, y lo mantienen en la cárcel. Lozoya, que formuló acusaciones que no ha podido judicializar Gertz Manero, se defiende en libertad.
López Obrador usa las imputaciones de Lozoya como reguilete de descrédito, pero sólo se queda en palabrería, como las acusaciones contra ex-presidentes. No tiene nada real contra Carlos Salinas, ni contra Ernesto Zedillo, cuya manipulación de la ley le permitió a López Obrador hacer carrera política nacional. Nada tiene contra Vicente Fox y contra Felipe Calderón, a quien genuinamente odia desde 2006, lo único que hay en la cocina listo para ser servido, es una acusación por presuntamente la Operación Rápido y Furioso. Contra el único que Gertz Manero tiene evidencia de irregularidades es Peña Nieto, a quien aún hoy, López Obrador no quiere tocar.
