Funcionarios de alto nivel del Gobierno estatal buscan negociar con los ejidatarios y particulares que se ampararon tras la estafa de que fueron objeto con la compra “amañada” de sus terrenos, a fin de no frenar las obras del libramiento y de eludir el desacato a la orden judicial y sus consecuencias de carácter legal.
Dirigentes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares aseguraron a HIDROCÁLIDO que enviados de la Secretaría General de Gobierno y de la Dirección Jurídica de Gobierno del Estado ya entraron en contacto con el grupo de ejidatarios y particulares que denunciaron el despojo de sus tierras, para tratar de llegar a un arreglo que permita destrabar el problema legal y generar el desistimiento que requiere.
“Lo que nos han dicho los ejidatarios que se ampararon por el timo de que fueron objeto por el Gobierno, es que ya se les está ofreciendo una mayor cantidad de dinero por sus tierras para intentar obtener el desistimiento para que se deje sin efecto la orden judicial que se emitió para que se detengan los trabajos en varios de los tramos por donde cruzará el libramiento”, mencionó uno de los principales dirigentes de la organización campesina.
Por lo que han dicho los afectados, se conformó una especie de mesa de negociación donde los representantes del Gobierno, en este caso la parte demandada, están haciendo ofrecimientos específicos para tratar de obtener el desistimento del amparo y permitir que continúe la ejecución de las obras en los puntos en conflicto por el “agandalle” de las tierras que se pagaron a precios irrisorios en perjuicio de los ejidatarios y de algunos particulares que contaban con algunos predios.
“Lo que sea de cada quien, el secretario general de Gobierno está trabajando de manera atingente para tratar de destrabar el problema surgido con los ejidatarios que se inconformaron y que llevaron el asunto hasta los tribunales, aunque lo que se sabe es que todavía no hay un arreglo y, por lo tanto, no se ha presentado ningún desistimiento, por lo que todo está sujeto al resultado de las negociaciones entre las partes involucradas”, explicó uno de los directivos de la organización campesina.
Ante ello, según se explicó, el asunto del libramiento está en una especie de ‘stand by’ o de pausa en lo concerniente al tema jurídico, toda vez que el Gobierno busca afanosamente que se presente el desistimiento respectivo por parte de los afectados, a quienes se les trata de convencer ofreciéndoles una mayor cantidad económica por sus tierras.
