CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- Un total de 227 defensores del medio ambiente fueron asesinados en 2020 en todo el mundo, con Colombia al frente de esa lista y México en segundo lugar, según un informe divulgado este lunes por la organización Global Witness.
«Más de la mitad de los ataques sucedieron en sólo tres países: Colombia, México y Filipinas», advirtió la organización en un comunicado.
En el primer caso, hubo 65 homicidios de defensores ambientales «en un contexto de ataques generalizados contra personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios en todo el país, a pesar de la esperanza generada por el acuerdo de paz de 2016. Los pueblos indígenas se vieron particularmente afectados y la pandemia de Covid sólo sirvió para empeorar la situación».
En México, Global Witness documentó 30 asesinatos de defensores ambientalistas, lo que representa un aumento de 67% respecto de 2019. «La explotación forestal estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques y la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos contra comunidades indígenas», advirtió la organización, que lamentó el nivel de impunidad que prevalece en este tipo de delitos. «Hasta un 95% de los asesinatos no enfrentan ningún tipo de proceso legal».
En Filipinas la cifra de homicidios de defensores ambientales fue de 29. Global Witness denunció que desde que asumió el presidente Rodrigo Duterte, en 2016, «166 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas».
De acuerdo con Global Witness, una organización no gubernamental con sede en Reino Unido que desde 2012 ha dado seguimiento a los homicidios de ambientalistas, 2020 se convirtió «en el año más peligroso para las personas que defienden sus hogares, la tierra y los medios de vida, así como los ecosistemas que son vitales para la biodiversidad y el clima».
Si se consideran los países con mayor cantidad de asesinatos per cápita, la lista la encabezan Nicaragua, Honduras, Colombia, Guatemala y Filipinas.
Global Witness detalló que en Brasil y Perú, casi tres cuartas partes de los ataques a defensores de ecosistemas sucedieron en la región amazónica.
Casi 30% de los ataques estuvieron relacionados con explotación de recursos (forestales, minería y agroindustria). La explotación forestal, acotó, «fue el sector vinculado a la mayor cantidad de asesinatos, con 23 casos». Destacó el caso de México, que, dijo, «experimentó un gran aumento en los asesinatos relacionados con la tala y la deforestación, registrando nueve en 2020».
La ONG hace un llamado a los gobiernos para que protejan a la sociedad civil y aprueben leyes «para que las corporaciones rindan cuentas de sus acciones y ganancias».
Los Estados, recalcó, «deben garantizar que las políticas nacionales protejan a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y derogar la legislación utilizada para criminalizarlas, exigir a las empresas que realicen la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente en sus operaciones globales e investigar y enjuiciar a todos los actores involucrados en la violencia y otras amenazas contra las personas defensoras».
