“No existe agua más cara que la que no se tiene”.
Anónimo
Las conclusiones que emita el grupo de expertos convocados por Tere Jiménez para determinar las acciones que habrá de tomar la próxima administración de Leo Montañez sobre la operación pública, privada o mixta del sistema de aguas (agua potable y alcantarillado), transita sobre la necesidad de elevar la discusión a rango de emergencia de Estado.
La Ruta del Agua es la única línea de sustentabilidad de la ciudad-estado, que al paso que lleva será una metrópoli cuando Aguascalientes y Jesús María inevitablemente se unan con San Francisco de los Romo, dando como resultado la necesidad de satisfacer las necesidades hídricas de un millón 200 mil personas.
La concesión que actualmente ostenta Veolia se deberá de retirar en el año 2023, misma que debió resolver los problemas de operatividad a las diferentes administraciones municipales, pero al convertirse en ‘caja chica’ y soporte económico en época electoral, obtuvo un relajamiento y ‘vista gorda’ del órgano regulador, que le permitió hacer y deshacer sin ser reconvenida por sus abusos, negligencia, altos cobros y mal servicio. Hoy su actuación tiene como factura no volver a prestar el servicio.
Desde que la concesión se otorgó, las diversas administraciones municipales han invertido casi mil 500 millones de pesos en trabajos de reposición de líneas para evitar fugas en los 2,600 kilómetros de tubería con agua potable y los 2,700 kilómetros de alcantarillado. El resultado a casi treinta años es que se sigue desperdiciando casi la mitad del agua que se envía, las líneas de alcantarillado han provocado contaminación al subsuelo y esto ha reventado pavimentos, costo extraordinario que el municipio absorbe. Incluso la concesionaria ha dejado en manos del Estado y una parte menor al municipio el tratamiento de las aguas residuales, por lo que Entidades públicas son las que absorben el tratamiento de un particular, pese a que está obligada la concesionaria por la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, al establecer en su artículo catorce que “(…) los prestadores de los servicios, según sea el caso, serán responsables del tratamiento de las aguas residuales generadas por los sistemas a su cargo (…)”.
Un componente más de la problemática será el valor final del metro cúbico de agua servida, porque la integración de los gastos y costos le son ajenos al usuario, sólo entiende del pago mensual, la calidad y cantidad de agua entregada. El precio que actualmente se paga no es equitativo para la continua ausencia del líquido y lo tardío en la respuesta a las fallas en la prestación del servicio.
Elemento adicional de discusión es el denominado fondo de apoyo social, que ha servido de instrumento político de líderes, funcionarios, legisladores y partidos, siendo éste un componente de la tarifa final del servicio, que es cobrada para ayuda de las personas en situación económica desfavorable. Ahí se manejan cifras que ruborizan a cualquiera.
Otra deficiencia de nuestra política ambiental estriba en la casi nula reutilización de las aguas resultantes de las plantas de tratamiento de aguas sanitarias, de acuerdo a datos proporcionados por el ayuntamiento capital. El 95% de las aguas residuales son tratadas, pero apenas el 7% se logra utilizar, generando un desperdicio que es compensado con agua potable.
El problema del 2023 no será Veolia, será la ingente solución a un problema de agotamiento crónico de los mantos acuíferos, porque no tenemos otra fuente de abastecimiento, y nuestro consumo es superior a la recarga, datos de la Conagua correspondientes al año 2018, señalan que se extraían 427.40 hectómetros (1 hectómetro es equivalente millón de metros cúbicos), pero el acuífero apenas tenía una capacidad de recarga de 249.60 hectómetros, dicho en otras palabras, sólo logramos recuperar seis de cada 10 litros. Problema de Estado.
La industria es otro dolor de cabeza, en particular la automotriz. Para la construcción de un auto, desde la elaboración de piezas hasta su ensamblado y detallado, se emplean 148 m3 de agua.
De acuerdo a datos proporcionados por la empresa japonesa asentada en la localidad, producen 1,500 autos al día, lo equivale al 18% del total del agua que se extrae anualmente, para ejemplificar, una quinta parte del agua la consume la armadora de autos. Desde luego que es innegable el valor e importancia del impulso económico del fabricante, pero justo ese fue el tema de la llegada de las empresas extranjeras al país ante la puesta en operación del TLCAN, además de bajos salarios y poca regulación, la facilidad para obtener una fuente de agua. Problema de Estado.
Un riesgo más lo encontramos en los niveles de perforación para la extracción del agua, de acuerdo a la versión del doctor Roberto Rico, profesor investigador de la UAA, en la entrevista concedida a Dulce María Rodríguez existen pozos que tienen entre 600 a 800 metros de profundidad, tocándose vetas de arsénico, mercurio y flúor, lo que trae como consecuencia daños renales que ya son evidentes en el alto número de personas afectadas. Señala que tenemos 56 pozos afectados en el Estado, 24 de ellos rebasan los límites de arsénico, y 53 flúor. Además, otros 12 están muy cerca de los límites permitidos. Problema de Estado.
Sin tener un estudio concluyente sobre el origen de las fallas (sismos o extracción de agua), actualmente se tienen 349.5 kilómetros de fallas en el Estado, según datos de la SEGUOT, lo que representa costo para el particular y los Gobiernos. Las afectaciones a la infraestructura urbana son más notorias en pavimentos y redes de agua y alcantarillado, por lo que la decisión futura deberá establecer un plan de recarga artificial de mantos acuíferos. Problema de Estado.
Quien ya visualizó la problemática como tema de Estado, es la legisladora federal Tere Jiménez, quien siendo presidente municipal de la capital, el 10 de agosto señaló que se revisa la viabilidad de que el servicio de agua potable del municipio de Aguascalientes pase a ser responsabilidad del Estado.
Por donde se vea es un problema de Estado.
