La insensibilidad de la sociedad mexicana es asombrosa y patética. La muerte parece un producto perecedero, cuyo final vemos sin inmutarnos. Sólo quien la vive de cerca reacciona. Quien la observa en boletines de prensa o en los medios, parece que la viera de lejos, como en la televisión o el cine, sin que le provoque rechazo. Lo acabamos de ver. Hace casi tres semanas murieron 17 personas que estaban internadas en una clínica del Seguro Social en Tula, porque se desbordó el río por las tremendas lluvias, y el sistema de oxígeno en el hospital falló por el corte de energía eléctrica. Estupor momentáneo, y luego, no pasó nada.
El personal médico en la clínica hizo hasta lo imposible por salvar más vidas, porque fue dejado a sus expensas por las autoridades federales, y no pasó nada. Familiares de los pacientes llegaron en lancha a rescatar a los suyos, ante la ausencia de las autoridades, y no pasó nada. Diecisiete personas murieron por negligencias y omisiones, y no pasó nada. Se documentó cómo las autoridades del Seguro Social no hicieron nada por prevenir a la clínica la tormenta que la amenazaba, ni tomaron medidas de contingencia, y no pasó nada.
¿Qué se necesita para que pase algo? ¿Acaso la magnitud de las tragedias son tan grandes que nos hemos vuelto insensibles como una forma intuitiva para protegernos emocionalmente? ¿Nuestra empatía penetra el muro de frialdad sólo cuando vemos, sentimos y olemos la muerte? ¿Somos una sociedad tan pasiva que requerimos que nos acarree una oposición incendiaria con agenda política, como sucedió con la tragedia la Guardería ABC de Hermosillo para que no quede en el olvido? ¿Somos incapaces de levantar la voz de manera espontánea, sin manipulación, para exigir cuentas a las autoridades y evitar la impunidad?
La semana pasada Azucena Uresti, una aguda periodista que no ha dejado de informar para impedir que el olvido cubra la tragedia, entrevistó en Radio Fórmula al director del Seguro Social, Zoé Robledo, un día después de haber logrado reconstruir el microcosmos de la tragedia a través del testimonio de Catalina, una pensionada cuyo esposo fue uno de los que murió por la falta de oxígeno.
“Es una tragedia y negligencia”, le dijo Uresti a Robledo, “y es una clase de homicidio culposo”.
“Eso les corresponde a las autoridades”, respondió el director del Seguro Social. Cierto, le toca a la Fiscalía de Hidalgo, donde está Tula, determinar si existen responsabilidades penales, pero él debió ordenar una investigación en el Seguro Social para deslindar responsabilidades y tener claro si no incurrieron en algún delito.
“Los pacientes se murieron sin oxígeno”, continuó Uresti. “La señora Catalina pudo llegar en una lancha de remos y la autoridad no pudo llegar en una lancha de remos…”.
Robledo trató de defenderse. “Adelantar un resultado de la investigación sin saber las partes de lo que ocurrió en el hospital, con los pacientes que el resto del personal pudo subir al segundo piso…”.
Uresti lo interrumpió. “Sí, y eso es un acto heroico del personal del hospital, nadie más llegó a apoyar, hasta el día siguiente, a las 10 de la mañana”, le recordó.
“No, no es así”, espetó Robledo, a quien las crónicas y las imágenes de lo que sucedió en la clínica del Seguro Social el 7 de septiembre, lo desmienten.
“Yo creo que ahorita estamos solicitando desde hace tiempo la investigación, estamos hablando con el personal desde entonces; aquí en Tula hay muchas cosas por hacer. Llegar a conclusiones anticipadamente no le sirve a nadie”, agregó el director del Seguro Social, una vez más, escondiendo en la Fiscalía hidalguense las deficiencias de su gestión.
Robledo no podía responder las preguntas directas de Uresti y buscaba escabullirse. “¿Cuántas personas de las que fallecieron eran de Tula, por ejemplo?”, comenzó a argumentar en un sin sentido para explicar por qué, en materia de cumplimiento de promesas —que ha incumplido— de apoyos, y de las prestaciones que por ley deben recibir los familiares de las víctimas, tenía que haber un trato diferenciado.
“Sí, pero eso no importa”, atajó Uresti. “Estamos hablando de lo que te corresponde a ti como director del Seguro Social. Había pacientes internados ahí, que murieron ahí, de donde fuesen”.
“¿No aceptan ningún error?”, le preguntó más adelante.
“Es que eso le corresponde a la investigación, no podemos ser juez y parte”, contestó Robledo.
“Pero eres el director del Seguro”.
“Y lo que a mí me consta es que el personal actuó de acuerdo al protocolo, y poniendo en resguardo a las personas que tenían, que podían subir a la unidad de medicina familiar en el segundo piso”.
“Les habían avisado desde el fin de semana anterior”.
“Eso es falso, si me lo puedes demostrar te lo agradeceré”.
“No lo digo yo, lo dijo la coordinadora de Protección Civil hasta en Palacio Nacional. Lo dijo el gobernador Omar Fayad, el alcalde de Tula. Lo sabían”.
Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, en efecto desmintió a Robledo, y aseguró que se realizó un alertamiento “muy puntual” a las autoridades municipales y del Estado. La inundación se produjo entre 10 y 15 minutos, lo que provocó que la clínica quedara incomunicada, agregó Velázquez. El alcalde de Tula había advertido cuatro días antes que era inminente el desbordamiento del río, pero Robledo insiste que no sabían nada de lo que vendría. Tenía una clínica híbrida en Tula y la dejó abandonada a su suerte. El personal médico de la clínica hizo más de lo que estaba a su alcance, y la gente venció la incomunicación para acudir al rescate de sus familiares. Los bomberos y los policías municipales también lucharon por salvar vidas y rescatar a las personas afectadas. Diecisiete muertos no pueden quedar en el olvido por la pasividad de quienes ven todo a distancia, insensibles, sin exigir cuentas a quien debe rendirlas, hasta que la muerte los alcance a ellos.
