No importa qué tan grande sea la reacción por haber culpado a una treintena de científicos y ex-funcionaros de Conacyt de delincuencia organizada, como ampliación de una denuncia por peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador al fiscal general Alejandro Gertz Manero es continuar con todos los recursos de que dispone y meterlos a la cárcel. El fiscal es quien se ha llevado toda la batería de críticas por el exceso en las acusaciones, pero en descargo de él, es otra funcionaria la que le ha calentado la cabeza al Presidente para que continúe con el acoso penal a los científicos, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.
En la medida que más avanzan los días, más información trasciende sobre el caso. La semana pasada se reportó en este espacio que ante el agregado de acusaciones que había formulado contra los científicos el fiscal, Álvarez-Buylla había hablado con miembros de la comunidad y funcionarios para deslindarse de las acusaciones de orden federal. Incluso, el jueves pasado dijo desconocer las imputaciones. Ahora se sabe que la directora del Conacyt mintió a todos y que, peor aún, ha sido el motor para que el Presidente se metiera en una ruta donde, hasta ahora, no existe retorno.
Álvarez-Buylla ha estado manipulando al Presidente y empujándolo a un conflicto con la comunidad científica, con académicos, con las universidades públicas y con un sector que se cuenta entre quienes lo apoyaron en sus distintos intentos por ganar la Presidencia, y al cual pertenece su sucesora informalmente designada, Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Miembros de la comunidad académica sospechan que también fue la directora del Conacyt la que filtró este lunes que la hija de Sheinbaum había recibido durante los dos últimos años más de un millón de pesos de una beca de esa institución, que emergió a través del INAI.
Todo este conflicto entre el Gobierno de López Obrador y la comunidad científica, que ya comenzó a trascender internacionalmente, se origina en una lucha de egos entre Álvarez-Buylla y Julia Tagüeña, la coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, cuando la primera le retiró los recursos por el supuesto de abusos, privilegios y presumiblemente corrupción. Tagüeña presentó un amparo donde finalmente la Suprema Corte le dio la razón al encontrar que el Fondo se encontraba dentro de ley al recibir esos fondos, y era ilegal que se los recortara el Conacyt. Pero antes de que se diera esa resolución, reveló un funcionario universitario, Álvarez-Buylla le propuso detener todo, revisar el caso y solucionarlo. Tagüeña se negó y terminó como una de las 31 científicas acusadas por delincuencia organizada.
El Presidente desconoce estos detalles, porque Álvarez-Buylla lo ha mantenido a oscuras. Sin embargo, ha sido el motor detrás de la denuncia de la Fiscalía General. Gertz Manero, de acuerdo con nueva información sobre este episodio que será una de las heridas que dejará López Obrador al terminar su mandato, tenía reservas sobre cómo podrían avanzar las acusaciones, que estuvieron a punto de caerse, por falta de respaldo político presidencial, la semana pasada. Quien no permitió que eso sucediera fue la directora del Conacyt.
Álvarez-Buylla fue a hablar con el Presidente, y tocó música para sus oídos al decirle que el sector científico y académico, agregado a los intelectuales —que han sido incorporados en los últimos días como un todo en este caso—, sólo había sido una clase privilegiada por “los Gobiernos neoliberales”, a los que habían comprado a cambio de su silencio. López Obrador, que ha dado muestras de estar muy poco informado y en ocasiones es muy selectivo en la memoria, le creyó todo lo que le dijo, aunque cuando en mucho casos era absolutamente falsa su afirmación.
El Presidente le creyó a ella y a nadie más, de donde se desprende la forma como escaló el conflicto contra la comunidad científica el viernes pasado. Dentro del Gobierno no hay consenso sobre esta línea de acción. Incluso, dentro de la Fiscalía General hay dudas sobre este proceder, reconociendo que en la acusación por uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, que conlleva a una prisión preventiva oficiosa, el deseo de meter a la cárcel a la treintena de científicos imputados es un abuso de autoridad.
Álvarez-Buylla, quien ha chocado por meses con la comunidad científica, por la desaparición de fondos y fideicomisos, por querer adscribir al personal académico de los Centros Públicos de Investigación al Apartado B que excluiría al personal de confianza, y en particular por el anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, donde la confrontación es por la orientación de las políticas públicas en el sector, encontró en la aversión a la ciencia y el conocimiento del Presidente, y la sed de venganza del fiscal general contra una comunidad que lo rechaza como par por falta de méritos, el espacio para satisfacer sus propias inquinas.
Ella es como el elefante en la sala que nadie ve. La facilidad con la que puede manipular al Presidente a partir de repetir las mismas palabras que él emplea en su narrativa contra el pasado, es asombrosa. La forma como le calienta la cabeza, también. Pero hay que reconocerle habilidad, al haber puesto al Presidente a encabezar su agenda, y arrastrado al fiscal hacia una pendiente de la que no está saliendo bien por el desgaste político al quedar en el centro de una polémica.
Éste es uno de esos conflictos en donde sin importar el resultado, nadie saldrá bien. En particular, quien peor quedará al final de esta batalla es el presidente López Obrador, que está dando una imagen hacia fuera de intolerancia contra quienes piensan diferente, y hacia adentro, como el de una persona a la que pueden manejar si se sabe y emplean los resortes que mueven sus pasiones, como lo hizo Álvarez-Buylla.
