Durante el último año, al menos son tres los casos de mujeres que han sufrido un aborto y que, resultado de la revictimización médica y judicial, han intentado ser criminalizadas por las autoridades de Aguascalientes y en los cuales el Observatorio de Violencia Social y de Género ha liderado el proceso de acompañamiento local a través de la generación de distintos recursos jurídicos, económicos y sociales.
Mariana Ávila Montejano, fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado, comentó que dentro de este organismo se han establecido redes locales y nacionales para acompañar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y a las mujeres que al sufrir un aborto son criminalizadas por las instituciones.
Indicó que “el observatorio acompaña jurídica, psicológica y socialmente a las mujeres víctimas de distintos tipos de violencia, incluida la violencia obstétrica que viven las mujeres, que al acudir a instancias médicas por temas relacionados a un aborto, son criminalizadas, cuestionadas y se les ha intentado iniciar procesos judiciales”.
Detalló que los acompañamientos consisten en “la generación de recursos jurídicos y económicos, así como la generación de estrategias de vinculación con otros organismos y la organización de recursos de comunicación y difusión que permitan a las mujeres contar con distintas posibilidades para no ser revictimizadas ni criminalizadas por el derecho a decidir sobre sus cuerpos”.
