Las autoridades del Gobierno estatal están haciendo todo lo posible por despojar a los dueños de los camiones chinos de sus unidades y luego entregárselas a ADO como parte del plan que sigue para que una sola empresa opere el servicio de transporte urbano en Aguascalientes, denunciaron empresarios del sector afiliados a la Línea Express.
“El hecho de que la Sala Administrativa haya negado en un par de ocasiones la nulidad de la acción arbitraria del Gobierno para sacar del servicio a los camiones de quienes no estuvieron de acuerdo en vender por debajo del precio los autobuses chinos es una muestra clara de que nos quieren tronar, porque al no tener ingresos no se podrá cumplir con los compromisos que se tienen con Sifía por el endeudamiento para la compra de los camiones, y entonces el Gobierno tratará de apropiarse de los mismos”, mencionó uno de los camioneros afectados.
La idea de las autoridades, explicó, no es otra más que la de llevar a la ruina financiera a los dueños de los camiones que tienen ya más de dos meses fuera de servicio, sabiendo que con eso habrá problemas para cubrir las letras de los créditos, y que tarde o temprano se llegará a una especie de requisa de los más de 50 camiones nuevos que se compraron con el financiamiento que se obtuvo a través de Sifía.
“Lo que el Gobierno del Estado pretende con la medida de tener detenidos los camiones de la Línea Express no es otra cosa más que tronar a los empresarios que adquirieron esas unidades, puesto que ya está habiendo problemas para cumplir con los compromisos de pago y con ello podría venir en cualquier momento la orden del embargo de los camiones nuevos para luego proceder a su remate, cuyo proceso sería simulado, porque está claro que lo que se busca es que esos camiones pasen a formar parte de los activos de ADO”, advirtieron empresarios afiliados a la línea transportista que está fuera de servicio.
Si ya en dos ocasiones se rechazó el amparo solicitado por la Sala Administrativa y si el caso ya se pasó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “la verdad es que no sabemos cuánto tiempo pueda tardar la resolución definitiva, y lo más probable es que en ese ínter se acumulen las letras del crédito contratado con Sifía y que se ordene el embargo de los camiones, para luego proceder a su remate, que es lo que busca el Gobierno con su decisión arbitraria”, mencionaron los transportistas que cumplieron con más de dos meses con sus camiones sin poder salir a ruta.
