La secretaria de Energía, Rocío Nahle, estuvo el miércoles en el programa de televisión Tercer Grado -en donde participó como panelista- para hablar de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. La defendió en la misma línea de lo que hace el Presidente regularmente, donde no hay argumentos sino afirmaciones al aire, supliendo el debate por el diálogo unidireccional. Lo más importante de la entrevista, sin embargo, fueron las muchas mentiras que dijo la secretaria.
Nahle no rebatió con razones, como cuando Denise Mearker preguntó sobre la manipulación de datos por parte del Gobierno. La secretaria dijo que no era así, sin abundar en su dicho. O cuando se le dijo que el control del sector mediante la reforma no era un ordenamiento del mercado, como asegura, sino un mecanismo de control político, respondió que ella opinaba otra cosa. No permitió de esa manera una discusión más profunda sobre esta afirmación, o la de Mearker.
El alegato del control político se asienta sobre dos variantes del mismo tema. La ley modifica tres artículos constitucionales, el 25, 27 y 28, donde se elimina la rectoría del Estado mediante la regulación, y se restablece la rectoría del Estado por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Esos artículos estaban considerados dentro de la llamada Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico que presentó Nahle, y motivó una controversia constitucional. La Suprema Corte de Justicia invalidó en febrero pasado 22 disposiciones de esa política, por considerar que la Secretaría de Energía había excedido sus facultades y puesto en riesgo la industria eléctrica.
En la ley se obvió toda la simulación de inclusión del sector privado. La ley no incorporó los artículos citados por la Suprema Corte, el 4, 5, 14, 133 y 134, en su fallo porque, se puede alegar, estorbaban al control que pretende el Gobierno. Nahle enfocó esa discusión sólo a los órganos autónomos, pero justificó que hay otros países, como Alemania, donde esos órganos están dentro del Gobierno. Cierto, pero refutó Sergio Sarmiento, en Alemania el sector privado juega un papel relevante en el sector eléctrico.
En ese sentido, Leo Zuckerman señaló que el Presidente había roto su promesa de campaña y que robaría inversiones y cancelaría contratos eléctricos, lo que era más que una expropiación, como se ha criticado de la reforma, porque una expropiación, como la petrolera en 1938, pagaban indemnizaciones, que en esta ocasión, según Manuel Bartlett, director de la CFE, Manuel Bartlett, no sucedería. Nahle lo negó sin explicar qué sucedería.
Se le recordó el primer transitorio de la ley eléctrica, inciso “a”, que dice textualmente: “Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución”. Nahle nuevamente negó que eso exista en la ley, señalando que no todos los contratos serían cancelados. El asombro entre varios de los panelistas fue claro, porque la ley no menciona nada de lo que dijo la secretaria. Según la iniciativa, todo lo que tiene que ver con el sector privado desaparece.
La ley tiene un articulado contradictorio. Se modifica el artículo 25 para darle la rectoría a la CFE, estableciendo que la CFE generaría el 54% de la capacidad, y el 46% estaría en manos de productores privados. Pero si el primer transitorio cancela a los privados, ¿de dónde saldrá el 46%? Más aún, se le recordó a Nahle, ella misma decía que la CFE generaba sólo el 38%. En la entrevista asintió a todo, pero no respondió nada. Sus argumentos siempre terminan en que el dinero saldrá de los privilegios cancelados y de la corrupción que reinaba con las leyes anteriores.
Para entender el fondo de esta discusión, habría que recordar que el 54% sale de lo que generaba la CFE en 2018, y el 38% se explica porque el 16% restante lo generaban los productores independientes, que existen desde 1992. Si a los productores independientes les cancelan contratos, como dice el primer transitorio, ¿de dónde va a salir la capacidad de generación de la CFE? Nahle dijo que de las plantas, que sugirió habían sido desplazadas para dar cabida a los privados. No es cierto tampoco. Las plantas de la CFE son muy viejas y producen energía muy cara. De ahí en parte el señalamiento del gobierno de Estados Unidos que la reforma eléctrica encarecerá los costos de producción, que ayer el presidente, sin soporte documental, dijo que era falso.
Nahle se refirió al autoabasto (representa el 12% de la generación), que ha sido señalado como una modalidad ilegal. Es falso. En la entrevista se le recordó que existía un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que resolvió una controversia constitucional presentada por Bartlett, en ese entonces senador, y el abogado Salvador Rocha Díaz, donde le dijeron que era legal. Nahle dijo que era falso, pero mintió. El fallo de la Corte, en 2004, dijo que era legal. En aquel año, por cierto, el entonces representante de Iberdrola en México, Gonzalo Pérez, se burló públicamente de Bartlett, que por lo que se ha visto en este gobierno, es algo que nunca se olvidó.
No fue lo único en donde Nahle falseó las cosas. Mearker expuso su preocupación sobre lo que iba a suceder con los paneles solares domésticos, y la secretaria respondió que nadie debía preocuparse por ello porque ni siquiera estaban conectados a la red. Es falso. También indicó que había participantes que no pagaban la transmisión, lo que también es falso, porque nadie puede no pagar. Afirmó que desde diciembre del 2018 habían entrado privados con contratos del sexenio pasado que habían desplazado las hidroeléctricas de la CFE, que en realidad no es cierto. Aseguró que había diálogo con los privados, pero varios ejecutivos de esas empresas expresaron que ni el teléfono les toma.
Buena noche de Nahle en Tercer Grado para la propaganda, pero muy mala para la verdad.
