El fiscal Alejandro Gertz Manero es una División Panzer que ha arrasado el Estado de Derecho, pero están comenzando a salir, de entre el miedo, los anticuerpos.
Más de 70 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, venciendo el temor a las represalias, pidieron a la Junta de Honor del SIN revisar el reciente ingreso del funcionario a quien señalaron de “faltas a la integridad científica” al haber plagiado dos libros para poder acceder a esa red. La familia de su hermano fallecido sigue aportando información ante las autoridades federales para probar que la persecución penal que viven de parte del fiscal tiene como fondo el tratar de impedir que se descubra que ocho millones de dólares en una sociedad a nombre de su hermano, en un paraíso fiscal, son realmente de su propiedad, lo que significaría que los sacó del país sin pagar impuestos.
Estas acciones, que lo deben incomodar mucho por lo que significa para la imagen que quiere dar de un abogado justo e íntegro, no son suficientes para frenarlo y obligarlo a que sus acciones se enmarquen dentro de la ley. La respuesta contra los investigadores fue llevar una denuncia por abuso en las atribuciones de funciones de una treintena de científicos, a acusarlos de delincuencia organizada. A su familia le ha inventado acusaciones, como también hay información que ha hecho en contra de varios imputados en el Caso Lozoya.
La Suprema Corte de Justicia recientemente lo contuvo al señalar que la prisión preventiva automática en los delitos de facturas falsas, defraudación fiscal y contrabando, violaba los derechos humanos, pero no fue suficiente para cohibirlo a detener los procesos en curso que lleva bajo esos criterios. Tiene el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ideológicamente está en la misma línea, pero ante quien no siente que tenga que responderle políticamente. En todo caso, mientras permanezca en la gracia del Presidente, lo que sucede a su alrededor es intrascendente, desde el punto de vista de su posición.
Sólo así se explica el ridículo que ha hecho Gertz Manero en el caso de Emilio Lozoya, donde el ex-director de Pemex no ha podido entregar en casi un año y medio las pruebas que se comprometió a entregar cuando juntos elaboraron la denuncia penal en contra de 17 personas por el Caso Odebrecht. Lozoya continuó burlándose del fiscal, e indirectamente del presidente López Obrador, al solicitar al juez que lleva su proceso este lunes la sexta prórroga para aportar evidencias que permitan cerrar la investigación complementaria.
De acuerdo con reportes de la prensa, la Fiscalía General se opuso a este nuevo aplazamiento, pero habrá que esperar hasta este miércoles si no es una mera pantomima -porque el proceso lo ha llevado al alimón con el padre de Lozoya, quien encabeza su defensa- para salvar la cara. López Obrador ha estado bastante enojado con Lozoya y Gertz Manero desde que el ex-director de Pemex fue captado cenando en un restaurante de lujo, y dentro de la propia Fiscalía General hay hartazgo por la falta de evidencias aportadas por a quien le han dado toda clase de privilegios a cambio de pruebas de corrupción.
El Caso Lozoya es la síntesis de lo que ha sido su gestión, donde no ha tenido recato en torcer la ley, inventar acusaciones, elevar artificialmente la gravedad de delitos para lograr prisión preventiva automática y encerrar a los imputados, indiciados y, por lo que se ve en muchos casos, inocentes en cárceles de máxima seguridad. Un fiscal que opera bajo el terror sin importar las asideras a la Ley, no debe existir. El problema es que parece casi intocable. Según la ley, su cargo tiene una vigencia de nueve años, y sólo podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por incurrir en alguna de las causas graves que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas o por la comisión de uno o más delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. También, si adquiere incapacidad total o permanente que le impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses, si comete violaciones graves a la Constitución, o si pierde la ciudadanía en los términos del artículo 37 constitucional.
Sin embargo, la ley incorporó un mecanismo de contrapeso entre poderes, por lo cual la remoción sólo procede si el Senado no se pronuncia al respecto, con lo que se entiende que no existiría objeción de la decisión del Ejecutivo. Si la hubiera, tendría que ser objetada por la mayoría de los miembros presentes en el Senado, dentro de un plazo de 10 días. La ley no contempla la posibilidad de que el Senado pueda destituir al fiscal general unilateralmente, quizás porque nadie imaginó que el titular del Ejecutivo y el fiscal general llegarían a estar en sincronía en conculcar derechos fundamentales.
Por lo que se aprecia hasta ahora, López Obrador no va a remover a Gertz Manero, lo que lo empodera de tal forma que no hay nadie, ni el Ejecutivo mismo, que tenga más poder que él. Sin embargo, hay una pequeña puerta para impedir que ese poder sea omnímodo y que el uso faccioso de la Fiscalía General tome carta de naturalización en este país durante seis años más. La palabra la tiene la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, quien es la única que tiene la facultad para establecer un mecanismo de rendición de cuentas del fiscal.
La llave está en el artículo 93 de la Ley de la Fiscalía General de la República, donde el fiscal general puede ser convocado para rendir cuentas e informar sobre su gestión. Si la senadora Sánchez Cordero lo convoca, Gertz Manero tendrá que acudir personalmente a rendir cuentas ante el pleno o a cualquiera de sus comisiones, porque la misma ley que él impulsó establece que su comparecencia es una atribución indelegable. No podrá removerlo el Senado, pero sí ponerle ese freno, necesario hoy para la salud de la Nación.
