CIUDAD DE MÉXICO, (EL UNIVERSAL).- La senadora por Morena, Eva Galaz, se pronunció en contra de toda clase de violencia sexual infantil, respaldada por el concepto tergiversado de respeto a los usos y costumbres de las comunidades indígenas, ya que estos no pueden ir en contra de los derechos humanos protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales signados por el Estado Mexicano.
Asimismo, propuso en un punto de acuerdo que el Senado de la República recomiende a los 32 gobernadores de los Estados de la República, a implementar acciones y programas encaminados a erradicar el matrimonio infantil.
En la Gaceta Parlamentaria se publicó la propuesta dónde se considera necesario hacer un pronunciamiento de parte del Senado de la República ante estas flagrantes violaciones a los derechos humanos fundamentales.
«De la misma manera, consideramos que es oportuno exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas a diseñar planes y programas encaminados a erradicar los matrimonios infantiles, en concordancia con nuestra Carta Magna, los tratados internacionales y el Código Civil Federal».
Argumentó que la llamada libre autodeterminación por parte de los pueblos originarios, específicamente los «usos y costumbres«, es usada incluso por personas ajenas a dichas comunidades, como un factor que impide a las autoridades correspondientes proteger los derechos humanos, en especial los de las mujeres indígenas, para investigar e impedir los casos de venta de niñas (trata de personas).
La venta de niñas provenientes de comunidades indígenas, en especial en zonas rurales ubicadas en áreas con bajo índice de desarrollo humano de México, es una actividad que se justifica y ampara bajo los ‘‘usos y costumbres» de los pueblos originarios para quedar impune y seguirse practicando.
Venden niña de 11años de edad por 120 mil pesos
El pasado 29 de septiembre de 2021, distintos medios de comunicación informaron que en el Municipio de Cochoapa el Grande, Estado de Guerrero, Angélica fue vendida por la cantidad de 120 mil pesos, a los 11 años. Su suegro, quien afirma haber dado dicha suma para casar a la niña con su hijo, dijo haber pagado la mencionada cantidad por la niña conforme a los «usos y costumbres» del municipio.
Cuando Angélica escapó de la casa de su «suegro», a los 15 años, éste exigió a la Policía Comunitaria que detuvieran a la niña y le devolvieran el dinero.
La menor fue encarcelada junto a su abuela y hermanas; después de unos días fue dejada en libertad gracias a la intervención de colectivos, la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero y la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del mismo estado
