CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El acuerdo por el que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México pone en riesgo la calidad y viabilidad de la infraestructura en diversos sectores y aquellos que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Además, eleva el riesgo de corrupción y abona al clima general de incertidumbre que ha venido afectando a la inversión productiva y que se ha acentuado con diversas acciones de política pública que ponen en duda la continuidad del estado de derecho en nuestro país, matizó.
Ponderó que el acelerar las autorizaciones sin el debido tiempo y profundidad para la evaluación de los proyectos de infraestructura, eleva el riesgo de privilegiar la velocidad de su ejecución por sobre su calidad y sobre la viabilidad misma del proyecto en el mediano plazo.
Ello podría reducir su efectividad para generar el impacto económico y social deseados, lo que a la vez disminuiría la eficiencia en el uso de los recursos públicos, sentenció.
Consideró que la falta de procedimientos y la clasificación de proyectos de índole económica como proyectos de seguridad nacional o interés público, atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas. En ese contexto, el IMEF se pronunció a favor de cualquier iniciativa de política pública que impulse el desarrollo económico, el interés público y proteja la seguridad nacional.
Por ello, exhortó respetuosamente al gobierno federal para reevaluar los riesgos y posibles impactos negativos del Acuerdo mediante el cual se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar en un plazo de máximo cinco días hábiles la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras para garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
Los ejecutivos de finanzas del país, expresaron su preocupación por el contenido del Acuerdo al explicar que la seguridad nacional y el desarrollo económico son objetivos complementarios pero diferentes.
«No pueden igualarse los procedimientos de gestión de riesgos a la seguridad del país con la evaluación de proyectos de infraestructura cuyo objetivo es el impacto económico y social», afirmaron.
