SAN MARTÍN ITUNYOSO, Oax (EL UNIVERSAL).- San José Xochixtlán, comunidad de la región Triqui Alta, no recibe dinero del Presupuesto de Egresos de la Federación desde hace 16 años, tiempo en que su población ha sobrevivido de cooperaciones y de remesas.
El municipio de Itunyoso dejó inconclusa en 2002 la ampliación de la red eléctrica en Xochixtlán. Hasta la fecha, cerca de 50 familias viven sin electricidad, agua potable ni servicios de salud, ya que las solicitudes de obras deben ser autorizadas por las autoridades municipales de San Martín Itunyoso, explica a EL UNIVERSAL José Tereso Cruz Reyes, agente municipal de San José Xochixtlán.
«Con nuestros propios recursos hicimos un cuarto para farmacia y otro para el dormitorio del personal de salud, pero ante la carencia del recurso no fue cimentado como debería ser, y por ello nos dicen los del IMSS que no es idóneo para el personal y ellos no se hacen cargo».
Además de dejar obras inconclusas, el municipio dejó de entregar desde 2005 los recursos federales de los ramos 28 y 33, fondos tres y cuatro; esto generó un conflicto que ha llevado a los pobladores de Xochixtlán a emprender acciones legales y a realizar protestas en las que han llegado a arriesgar la vida.
El 23 de noviembre, mientras bloqueaban la caseta de peaje de Huitzo en la carretera que conduce a la Ciudad de México, un poblador y topil de 29 años fue herido de bala luego de que un hombre disparara contra ellos. Falleció cuatro días después. Pese a no recibir los recursos del municipio durante más de una década, fue hasta 2017 que los pobladores de Xochixtlán presentaron una demanda ante la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO), que dictó sentencia a favor de la comunidad en marzo de 2019.
En ese año se acordó que el municipio de Itunyoso debía entregar a la comunidad 25 mil pesos mensuales para gastos administrativos (ramo 28) y un millón de pesos en infraestructura (ramo 33), pero los recursos no fueron entregados. Los trámites se ralentizaron aún más con la llegada de la pandemia de Covid-19.
«Ya no hubo avance, todo quedó paralizado, se inhabilitó un amparo indirecto hacia la Sala de Justicia Indígena porque no estaba cumpliendo con su trabajo, que era requerir al municipio que diera el cumplimiento a la sentencia y los acuerdos», dice el agente José Tereso, en tono de frustración. Luego de movilizaciones en Tlaxiaco y en la ciudad de Oaxaca a mediados de este año, los trámites comenzaron a avanzar. «Es como han podido sentarse a una mesa de trabajo con las autoridades correspondientes, para ver las cantidades que se deben cubrir a la agencia municipal de Xochixtlán«.
De acuerdo con las sentencias del TSJO, el municipio de Itunyoso debe entregar a San José Xochixtlán los recursos de 2018, 2019, 2020 y 2021.Con un cálculo basado en datos del Diario Oficial de la Federación (DOF) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se calcula que a Xochixtlán le corresponden más de 4 millones de pesos al año.
Aunque suman 16 años en los que Itunyoso no ha priorizado obras para Xochixtlán, las autoridades comunitarias sólo demandan el pago del adeudo de cuatro años, unos 16 millones de pesos, cifra que no se compara con los 64 millones de pesos que el municipio tendría que entregar si se le exigiera el cumplimiento cabal de su obligación.
«Si el gobierno del estado no tiene la forma ni la capacidad de cómo obligar al presidente municipal a entregar los recursos, debería contestar eso a la Sala Indígena para que nosotros podamos avanzar; de lo contrario, nos está obstaculizando el proceso legal que llevamos, lejos de hacer cumplir la justicia».
San José Xochixtlán ha sobrevivido principalmente de las cooperaciones y remesas de los migrantes triquis en otras entidades, y de los radicados en EU.
«Las familias trabajan temporalmente en Sinaloa, Michoacán y en otros estados para sobrevivir, porque acá no hay trabajo. Muchos también se van a Estados Unidos y gracias a todos ellos hemos sobrevivido y andado en marcha con el pueblo, porque de otra manera no hay», comparten las autoridades.
Según el Inegi, en la comunidad habitan 824 personas, aunque las autoridades señalan que son más de mil 300: muchos estaban trabajando en otros estados cuando fue la encuesta.
De acuerdo con un informe del Banco de México de septiembre pasado, Oaxaca es una de las siete entidades que captaron casi la mitad de las remesas que llegaron al país: con 4.6% del total.
Las autoridades se pronunciaron en contra de la violencia que se vive en otras comunidades de la Mixteca, a causa de la falta de entrega de los recursos federales de los ramos 33 y 28.
«Esta situación (…) no es culpa de los pobladores de Itunyoso, es en contra de los actos de los funcionarios que están en el ayuntamiento, que no han sido responsables con los recursos que nos corresponden. Creemos que debe aplicarse la ley. Tenemos conocimiento que la autoridad municipal está dispersando rumores de que nosotros queremos generar violencia y no es así», remarcan.
Tras la protesta en la caseta de Huitzo, en la que una persona fue asesinada, la Secretaría de Gobernación (Segob) consiguió establecer una mesa de diálogo con el agente municipal y la comisión ciudadana de Xochixtlán, «a fin de conciliar el conflicto interno y encontrar una ruta que le permita al ayuntamiento de San Martín Itunyoso cumplir con la sentencia del TSJO sobre los recursos de los ramos 28 y 33».
La dependencia dijo a EL UNIVERSAL que el ayuntamiento no tiene cómo cubrir el monto total, pero que ya entregó lo que corresponde a 2021.
