OAXACA, Oax.(EL UNIVERSAL).- El activista Damián Gallardo Martínez exigió al gobierno mexicano que cumpla a cabalidad con la resolución del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, en la que confirmó que fue víctima de tortura.
La decisión del Comité, dijo, sienta un precedente histórico en el largo camino de ocho años y medio en la lucha por el acceso a la justicia, tras haber sido difamado, encarcelado de manera arbitraria y torturado con alto impacto en todo el tejido familiar, social y comunitario.
«Sin duda esta resolución marca un precedente importante sobre la verdad histórica que siempre fue negada y tergiversada por el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. Hoy me dignifica de manera contundente a mí, así como a mi familia y al movimiento social, el reconocimiento de la criminalización por mi labor como defensor de los pueblos indígenas y de la educación«, expresó.
El pasado 14 de diciembre 2021, el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas publicó la decisión CAT/C/72/D/992/2020 en la que concluye que el Estado Mexicano violó la Convención contra la Tortura, porque es responsable de la detención arbitraria ocurrida el 18 de mayo 2013 y de la tortura en perjuicio de Damián Gallardo y su familia.
Esto, en un contexto de criminalización de la protesta social. El comité también resolvió que el Estado Mexicano debe garantizar acceso a la justicia y reparación integral del daño, incluyendo la no repetición de la criminalización en contra de pueblos indígenas.
Felicitas Martínez Vargas, madre de Damián Gallardo, dijo que con esta resolución queda de manifiesto que nunca fueron verdad las acusaciones contra su hijo y afirmó que lo más difícil en todo el proceso fueron los señalamientos falsos que también impactaron en su comunidad Santa María Tlahuitoltepec.
Asimismo, exigió que así como se generó una campaña nacional para criminalizar a Damián Gallardo, ahora, se difunda con la misma magnitud la resolución y la verdad de lo que sucedió, «dignificando de esta manera a Damián Gallardo y su familia».
Damián Gallardo estuvo detenido e incomunicado en un centro de detención clandestino, donde fue golpeado por agentes de policía para que divulgará información sobre otros participantes del movimiento por el derecho a la educación.
El Comité de las Naciones Unidas señala que los agentes amenazaron con violar a su hija y su pareja antes de matarlas, y con asesinar a sus padres, y fue obligado a firmar hojas de papel en blanco, que luego fueron utilizadas como una supuesta confesión.
Con base en esta «confesión», lo acusaron de participar en crimen organizado y de secuestro de dos jóvenes, sobrinos de uno de los «empresarios más importantes de México».
La víctima fue trasladada a un penal de máxima seguridad en Guadalajara, Jalisco, en el que estuvo preso más de cinco años hasta que el Ministerio Público Federal finalmente solicitó el desistimiento del caso, en diciembre de 2018.
Durante este tiempo Damián Gallardo, según el Comité de Naciones Unidas, fue golpeado brutalmente, sometido a revisión bucal y anal, privado de agua y sueño, así como recluido en régimen de aislamiento 22 horas al día.
