ATATLAHUCA, Oax. (EL UNIVERSAL).- A casi 3 meses de que se registraran hechos violentos en el municipio de San Esteban Atatlahuca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de las familias desplazadas de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji, en la región Mixteca de la entidad.
Asimismo, la CIDH solicitó al estado mexicano localizar a cinco personas que están desaparecidas desde el pasado mes de octubre, entre ellas Irma Galindo Barrios, Mayolo Quiroz Barrios, Marcos Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño, con la finalidad de proteger su integridad personal.
El organismo internacional expuso en una resolución, la gravedad a la violación de los derechos humanos de los niños, niñas, mujeres, hombres y personas de la tercera edad, que han sido víctimas del conflicto que vive Atatlahuca.
En tanto, decenas de familias viven fuera de sus comunidades porque sus casas y pertenencias fueron quemadas durante los días de conflicto en el mes de octubre.
Hasta el momento, no existen condiciones para el retorno del resto de las familias en las comunidades de Guerrero Grande y de Ndoyonuyuji, señaló Andrés Olea Aniceto, coordinador general en la Mixteca de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego).
En entrevista con EL UNIVERSAL, Andrés Olea explicó que no se han podido establecer un diálogo entre las familias afectadas y las autoridades correspondientes para generar condiciones de seguridad y que puedan regresar a sus comunidades de origen.
«Por el momento, estamos al margen de las decisiones que tomen las partes, para no exponer la seguridad de uno de los grupos de personas desplazadas. Como representante hemos expuesto que las reuniones se lleven a cabo en un punto fuera de las comunidades en conflicto y del municipio, pero ellos han preferido que sean las instituciones de Derechos Humanos quienes se encarguen de las mesas de diálogo, así que estamos en la espera de lo que vaya a ocurrir», explicó.
Olea Aniceto, agregó que las personas desplazadas que se resguardan en el municipio de Atatlahuca no han podido ingresar a sus comunidades para levantar su cosecha, por la falta de condiciones de seguridad.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), hasta 2019 sumaban al menos 346 mil 945 personas desplazadas en el país; 8 mil 664 sólo en ese año, periodo en el que Oaxaca acumuló mil 71, sólo por debajo de Guerrero.
Pese a las cifras de la CMDPDH y del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC), por sus siglas en inglés), en México no ha sido aprobada la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
El 29 de septiembre de 2020 fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide esta ley; sin embargo, a la fecha, la Cámara Alta aún no ha aprobado la minuta.
