JUCHITÁN, Oax. (EL UNIVERSAL).- A Rogelia se le revuelve el estómago al recordar cuando fue amarrada a un burro de planchar, mientras hombres armados le apuntaban y exigían sus joyas y dinero. Por esa experiencia se mudó de casa hace 10 años, pero no fue la única vez que su vida estuvo en peligro. En 20 años ha recibido amenazas de muerte e intimidaciones, a la par que el refugio de mujeres violentadas que dirige se volvió vulnerable.
Rogelia González Luis ya perdió la cuenta de las veces que interpuso una denuncia ante un Ministerio Público. Lo hizo por robo, quema, amenazas, intento de asesinato, intimidaciones, entre otros delitos contra ella y contra el Refugio de Mujeres Indígenas Violentadas China Yodo, un espacio único en su tipo en Oaxaca, que da atención al año a 40 mujeres que huyen de la violencia y sus familias.
La primera vez que hizo frente a un acto de este tipo fue en 2003, cuando se registró un robo en las instalaciones del Centro de Atención y Ayuda a Mujeres Indígenas (CAAMI), el primer espacio que recibía a las mujeres violentadas del Istmo. Los ladrones se llevaron todo el equipo electrónico, máquinas de coser y productos que las usuarias elaboraban. Ese mismo año, la pareja de una de ellas disparó sobre los trabajadores, desde la calle; nadie salió herido, pero se redobló la seguridad.
Un par de años después se emprendió una campaña contra su persona en varias bardas de la ciudad, con el objetivo claro de desprestigiar el trabajo que realizaba desde el refugio. A eso se añadió la vandalización a la tumba de su hija, las amenazas que dejaron en el sepulcro y a través de una carta anónima.
«Son años de amenazas y agresiones que he sufrido porque doy apoyo a las mujeres violentadas, además de mi trabajo político. Hemos salvado a más de 800 mujeres y sus hijas e hijos en 20 años, si consideramos que resguardamos al año a 40 núcleos familiares. Claro que tengo miedo, siempre lo he tenido, pero es un trabajo que no se puede abandonar, porque cada vez la violencia hacia las mujeres es más cruel y sanguinaria y no existen espacios en Oaxaca para resguardarlas», comenta.
También se enfrentó a la quema de las oficinas de su organización, Mujeres 8 de marzo, y a la irrupción de un sujeto, una madrugada del 2019, a su vivienda sin que se activaran las alarmas. Portaba un cuchillo con la intención de asesinar a la familia y estaba bajo los influjos de una droga. Dijo obedecer al líder de un cártel. En esa ocasión, la policía llegó a tiempo.
El último hecho violento que enfrentó fue el 13 de enero, el mismo día en que la Secretaría de Gobernación (Segob) desactivó cámaras de seguridad y alarmas en su casa y en el refugio, bajo el argumento de que al no sufrir en los últimos años una agresión, ya no requería de la protección del Estado a través del Mecanismo de protección a defensores y periodistas.
«No es casualidad que el día que me empiezan a desinstalar el mecanismo, entra un grupo armado a mi casa, se llevan mi equipo de trabajo y amagan a mi nieto. Yo les dije desde diciembre que si nos quitaban la protección quedaríamos más vulnerables y así pasó», cuenta la defensora y fundadora de la única colonia hecha para mujeres que sufrieron violencia.
Para Rogelia González Luis, la violencia hacia las mujeres ha evolucionado en los últimos 20 años. Antes del 2003, las mujeres de Juchitán llegaban a solicitarle apoyo porque sus maridos borrachos las corrían de sus casas; después, comenzaron a pedir ayuda mujeres indígenas de otras comunidades del Istmo porque las golpeaban, amenazaban con machetes o les arrebataban a los hijos.
Hoy, el refugio tiene identificado que 90% de las mujeres que llegan, huyen de sus parejas o esposos vinculados al crimen organizado o células delictivas. Es por ello que cuando se requiere atención más especializada, las canalizan a otro estado y otro sistema de protección.
Casi todas las que egresan después de tres meses en el refugio donde reciben atención integral, reinician sus vidas. Sólo una mujer en los 20 años regresó con su agresor y fue asesinada.
