CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, confrontó una vez más a expertos en la materia. Durante el foro 14 del parlamento abierto en la materia, denominado «Convencionalidad de la iniciativa de reforma eléctrica: TMEC vs. Reforma Eléctrica», los opositores afirmaron que tal y como está redactada, la iniciativa es violatoria del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), mientras que los defensores sostuvieron que la propuesta sí es compatible con las obligaciones internacionales.
Kenneth Smith, quien fuera jefe de negociación técnica del T-MEC, advirtió: «La reforma, como está redactada, es violatoria del TMEC y podría resultar en represalias comerciales y demandas multimillonarias en contra de nuestro país».
Aclaró que cualquier cambio constitucional a leyes secundarias o reglamentos técnicos en materia eléctrica, tiene que ser compatible con el tratado, sin embargo, aseguró que la propuesta no lo es.
«El tratado protege las inversiones en el sector eléctrico, en el tratado ya se estableció un nivel mínimo de acceso al mercado y si se reduce sería sujeto a solución de disputas, además la CFE se convierte en juez y parte, cancela los permisos de generación existentes, cambia los criterios de despacho, cancela certificados de energías limpios, entonces, sí, el Estado mexicano tiene la rectoría de sus bienes y tiene el derecho soberano de reformar sus leyes, pero si lo hace tendrá costos muy importantes que pagarán las empresas y los mexicanos», advirtió.
En defensa de la iniciativa presidencial, el abogado general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Raúl Jiménez Vázquez, aclaró que el TMEC no cuenta con ningún derecho constitucionalmente tutelado para que el sistema jurídico mexicano permanezca inmodificable.
Explicó que en el capítulo 8 del TMEC, se establece que «México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y legislación interna»: «Esto significa que la reforma que nos ocupa no está constreñida por el ámbito de aplicación material del TMEC, esto anula cualquier intención de cuestionar su validez a la luz del Tratado Comercial«.
Sobre la misma línea, Almudena Otero, abogada de litigios estratégicos de la CFE, agregó que el TMEC tiene un capítulo dedicado a la protección de las inversiones, en la que se establece un mecanismo de arbitraje internacional para resolver las disputas que surjan entre empresas y el Estado.
Puntualizó que dicho mecanismo establece que el trato que el Estado otorgará a los Inversionistas extranjeros será igual al de otros Inversionistas extranjeros; «en este sentido se aprecia que la reforma no tiene efectos discriminatorios porque no favorece a inversionistas de un país en particular, por lo que todos los inversionistas tendrán las mismas circunstancias».
Agregó que también se señala que el país otorgará un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios inversionistas, es decir que habrá igualdad entre Inversionistas extranjeros y mexicanos; «en esta materia, tampoco hay violaciones, los extranjeros contarán con las mismas oportunidades para competir en el 46 por ciento de energía disponible con los inversionistas mexicanos, la norma no distingue entre nacionales y extranjeros».
Pese a ello, Ana López Mestre Martínez, directora del General American Chamber Of Commerce México, aseveró que la iniciativa afectará la confianza de los inversionistas, comprometería la transición energética, la integración de las cadenas de suministro de Norteamérica, así como los compromisos del TMEC.
«Sí afecta los compromisos porque cancela permisos y contratos en los que ya se hicieron inversiones muy importantes, esto no solo genera desconfianza entre los inversionistas, sino que afecta legalmente los derechos de las partes. En el TMEC se ratificó un modelo de libre negocio, paradójicamente esta reforma cancela contratos y cambia las reglas lo que en términos del tratado significa una expropiación indirecta, viola el principio de trato no discriminatorio entre empresas del Estado y el resto del mercado, afecta la libre competencia y prevención de prácticas monopólicas y pone a México en riesgo de enfrentar litigios internacionales».
Agregó que el riesgo real de que la reforma sea aprobada, es que las empresas extrajeras reducirán sus inversiones en México, lo que representará pérdidas para el país, toda vez que 1 de cada 3 pesos de inversión extranjera directa proviene de Estados Unidos.
