CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Debido a que el robo de teléfonos celulares, es un delito que ha crecido los últimos años, por la masificación de estos dispositivos, la creciente dependencia por esta tecnología y porque muchas veces son los accesorios de mayor valor que lleva consigo un ciudadano, el diputado local del PRI, Jonnathan Colmenares, propuso sancionar con tres a ocho años de prisión, a quien o quienes cometan este ilícito, así como a quienes comercializan estos aparatos.
Así lo establece una iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona una fracción B al artículo 224 del Código Penal, que presentó el priista ante el pleno del Congreso local, donde propone equiparar el delito de robo de celulares igual que el robo de vehículo.
Explicó el legislador del tricolor que en muchas ocasiones, se trata de aparatos con importante valor económico que, además, puede ser vendido con facilidad por parte del delincuente o incluso ser utilizado para otros fines ilícitos.
Información en riesgo
Precisó que este delito no sólo significa una pérdida patrimonial, sino, además, pone en riesgo la información personal, familiar y laboral contenido en el mismo, que incluso puede ser utilizado para la comisión de otros delitos como el secuestro, robo de identidad o extorsión.
Mencionó que en grandes ciudades, como la de México, han aparecido nuevos modus operandi que aprovechan las aglomeraciones en los medios masivos de transporte para despojar a los usuarios de sus celulares, rodeándolos y empujándolos para robarlos sin que éstos se den cuenta.
De igual forma, en la vía pública se utilizan nuevos esquemas de robo aprovechando que los usuarios están distraídos al utilizar su teléfono.
Incluso, citó datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020, según los cuales, del total de los 4.2 millones de usuarios de usuarios de telefonía celular, el 4.9% corresponde a niños de 6 a 11 años, el 6.9% de jóvenes entre 12 y 17 años, mientras que el 20.4% corresponde a adultos mayores de 55 y más años; siendo estos tres grupos la población más vulnerable.
En la iniciativa explicó que el principal motivo para agravar la penalidad del delito, se debe al uso de información y datos personales ligados a la intimidad de la persona que existen en el dispositivo móvil, lo que hace que las víctimas se vuelvan más vulnerables y susceptibles a ser sujetos de otros delitos.
«La sanción se tiene que ajustar a la nueva realidad en donde el uso del teléfono móvil juega un papel importante en la vida cotidiana de todos nosotros, ya que este dispositivo revela quiénes somos, qué hacemos, qué vemos, dónde estamos, cómo nos relacionamos, qué compramos, nuestras finanzas, nuestros gustos y preferencias; prácticamente revela nuestra hoja de vida», asentó el priista.
Una vez que el priista expuso ante el pleno del Antiguo Palacio de Donceles, el presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco, de Morena, anunció que la propuesta sería turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y posterior dictaminación.
