En el Congreso del Estado se busca legislar para que las amenazas y agresiones contra los trabajadores de la Comunicación sean sancionadas con mayor rigor.
La diputada panista Nancy Gutiérrez explicó que la iniciativa que promoverá en Comisiones y luego ante el Pleno Legislativo, tiene por objetivo garantizar el pleno respeto a los derechos de los informadores, luego de que el hostigamiento y acoso en su contra comienza a escalar de manera peligrosa.
Se busca modificar el Código Penal, explicó la legisladora de Acción Nacional, para que el delito de amenaza proscriba o deje de perseguirse de oficio en todos los casos, excepto en el de los periodistas y reporteros gráficos que sean hostigados por su función.
En estos casos, aseveró, se modificaría la legislación para que se apliquen sanciones que irían de los seis meses y hasta los dos años de prisión y de 90 a 180 días de multa, así como la reparación de los daños y perjuicios que se le ocasionen a los comunicadores por las amenazas en función de su labor informativa.
En ese sentido, explicó que “la iniciativa propone la inclusión del tipo penal de amenazas dentro del catálogo de los hechos punibles de querella, con lo que se coadyuvará en la descongestión del sistema de justicia penal, ya que actualmente se encuentran múltiples procesos por este tipo penal y no encuentran solución de manera fácil, en tanto que no admiten un acuerdo reparatorio, siendo que el perdón de la víctima podría terminar de inmediato asuntos de esa naturaleza”.
Por otro lado, queda establecida la propuesta de agravar el delito de amenazas e incrementar, por ende, sus sanciones, cuando sea cometido en contra de víctimas, ofendidos o testigos dentro de un procedimiento penal o en contra de periodistas o reporteros gráficos.
La legisladora puntualizó que así se busca procurar la protección de este grupo de profesionistas, como una acción requerida en todo el país.
Nancy Gutiérrez invitó a las y los legisladores a sumarse para llevar estos beneficios al sistema de justicia local y traducirlos también en la seguridad de quienes ejercen el oficio y profesión de la comunicación. En el estado de Aguascalientes, durante el 2020, se presentaron más de 3 mil denuncias por el delito de amenazas, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
