Alejandro Moreno, presidente del PRI, es un político impresentable. Es zalamero cuando necesita subir en la escalera del poder, sibilino en su actuar, y prepotente y soberbio una vez alcanzados sus objetivos. Es un campechano difícil de asir, resbaladizo y sin escrúpulos para profesar amor por líderes panistas como por priístas, o subordinación pusilánime para acercarse al presidente Andrés Manuel López Obrador. Aún así, esta personalidad de hule no justifica la embestida que le enderezó el Gobierno para destruirlo mediante espionaje político.
El Gobierno utilizó los recursos de contrainteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, que mantiene escuchas de políticos, empresarios, periodistas y activistas, entre otros, y seleccionó productos para hacerlos públicos —cambiando su carácter a espionaje político—, utilizando a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, como la trituradora designada para difundir los materiales contra Moreno. Le entregaron un paquete de audios comprometedores y cada semana en el último mes, fue difundiendo uno tras otro.
La Fiscalía General, que quiere meter a la cárcel a un periodista que se adelantó a todos en la difusión de una grabación ilegal colocada en YouTube donde quedaba exhibido el titular Alejandro Gertz Manero, ha actuado con complacencia ante Sansores, quien incluso, en una burla a todos, dijo que continuaría difundiendo los materiales sin importarle la ley, y pese a existir, por presión mediática, una investigación en su contra. Desde el punto de vista de la ley, la Fiscalía General tendría que actuar en consecuencia y dejar la discrecionalidad.
Otro ángulo, que no pasa por violaciones a la ley sino a la ética y a la palabra, es el político. Detrás de la difusión de esos audios se encuentra, según Moreno, una venganza del Gobierno por no haber apoyado la reforma eléctrica de López Obrador. Su afirmación fue rechazada por el Presidente, pero en ambos casos, al generalizar el tema, se omitieron las razones de fondo. Información de primera mano de distintas fuentes, dentro y fuera del Gobierno, dibujan una traición de Moreno a compromisos contraídos a través de terceros, con López Obrador.
La traición a acuerdos comprometidos no le da al Presidente un salvoconducto para utilizar los recursos del Estado contra Moreno. Esa ilegalidad corre por un camino paralelo. Pero la traición muestra al líder del PRI como lo que es, un político convenenciero, con un historial, como lo ha revelado la prensa, donde abusó del poder en Campeche que probablemente caen en delitos de tipo penal, que quiso saldar con un manto de impunidad mediante pactos en Palacio Nacional.
La primera señal la mandó hace meses, cuando un mensajero acudió a la mañanera para decirle al Presidente que Moreno le ofrecía su apoyo para la reforma eléctrica. El Presidente se interesó y aceptó el acuerdo. López Obrador sabía que los números no le alcanzaban para alcanzar la mayoría calificada que sacara adelante su ley, pero la oferta de Moreno abrió posibilidades. No pudieron hacerlo en diciembre por premuras de tiempo, y pasaron su discusión para abril.
Moreno no logró el apoyo de los priístas, que se oponían mayoritariamente a la ley eléctrica, y escuchó las peticiones del sector energético estadounidense, que se sentían afectados por la iniciativa presidencial. El líder del PRI decidió incumplir con el acuerdo —imposible de cumplir de cualquier forma por el rechazo priísta—, y la discusión se atoró en el Congreso. Al cruzarse el debate con Semana Santa, MORENA abrió una pausa de varios días para que consiguiera los votos que necesitaba del PRI para aprobar la ley eléctrica, pero nunca llegaron.
Lo que sí llegó fue un discurso encendido de Moreno, para capitalizar el papel que jugó el PRI y buscar réditos de la polarización reinante. Para tratar de minimizar el daño en Palacio Nacional, a través de un interlocutor diferente que presumiblemente habló con el Presidente, le ofreció todo su respaldo para la ley electoral que había enviado. Por lo que se ha visto, López Obrador no le creyó. Hizo bien el Presidente, pues Moreno no tiene palabra, que es lo más preciado en un político.
La reacción fue desproporcionada. Fue cuando se orquestó la campaña contra los “traidores de la patria” que esta semana tomó la forma de una denuncia ante la Fiscalía General contra los legisladores que votaron en contra de la ley eléctrica porque “privilegiaron a las empresas trasnacionales sobre la soberanía nacional”, que sólo es un artilugio que sirve de arma en la arena pública. Lo más relevante de la respuesta del coraje presidencial ha sido la cascada de audios incriminadores contra Moreno.
La campaña contra el líder del PRI concluyó su primera fase en vísperas de la reunión del Consejo Político Nacional que se llevó a cabo el jueves por la tarde, donde las posibilidades de que lo minara eran mínimas, porque tiene bajo control el aparato del partido. Puede argumentarse que buscó también como objetivo debilitar la alianza con el PRD y el PAN, cuyos líderes reafirmaron la cohesión del grupo opositor y su respaldo a Moreno.
Pero para lo que sí ha servido es para que las fuerzas internas del PRI que se han opuesto a Moreno desde que hizo campaña para quedarse con la presidencia del partido, redoblaran sus esfuerzos y contactos para ampliar la oposición en su contra, ante la calidad moral y la pobreza política que quedó de manifiesto, como argumentan, en los audios. Moreno está confrontado con algunos gobernadores poderosos y con varios priístas de gran influencia y poder, que es donde los audios le han hecho más mella.
El respaldo que públicamente tiene ahora, podría cambiar rápidamente después del domingo, tras las elecciones en seis Estados, donde es posible que dos gubernaturas en juego, que están en manos del PRI, Hidalgo y Oaxaca, vayan para MORENA. El líder priísta parece herido de muerte política, que de confirmarse en los próximos días, el PRI menos obsceno y vulgar, podrá agradecerle a López Obrador y sus desmedidas reacciones, que les haya allanado el camino para deshacerse de él.
