OAXACA, Oax., agosto 24 (EL UNIVERSAL).- El gobierno de Oaxaca notificó que suspenderá la atención médica privada que recibía la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de un intento de feminicidio en 2019; mientras que afirmó que «los servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos necesarios para ella y su familia se continuarán otorgando a través de las instituciones de servicios de salud con que cuenta el Estado mexicano».
De acuerdo con un boletín emitido este miércoles por Comunicación Social y Vocería del gobierno del estado, el apoyo médico a la saxofonista y activista continuará a través de instituciones como el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), organismo de orden federal; no obstante, no mencionó si Ríos Ortíz recibirá la atención médica que necesita en alguna institución de salud estatal.
María Elena Ríos declaró a EL UNIVERSAL que presentará una denuncia por violencia de género en contra del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, pues señaló que el INR no da un servicio de reconstrucción, que es lo que ella necesita, sino uno de rehabilitación funcional.
La saxofonista dio a conocer que supo el martes de esta disposición, que la deja con un adeudo de 300 mil pesos, incluido el costo de una cirugía programada para el 9 de septiembre; la decisión le fue notificada por dos asesoras legales del gobierno estatal en una reunión con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
«Por pedir que detenga a mi agresor, visibilizar los feminicidios y el plagio de textiles de Ivette Murat en Oaxaca, esta noche Alejandro Murat me avisó a través de dos abogadas que los tratamientos dermatológicos y quirúrgicos a los que tengo derecho por ley, quedan terminados», explicó la artista.
En respuesta, el gobierno estatal emitió un comunicado en el que argumenta que, en cumplimiento al Artículo 8 de la Ley General de Víctimas, se ha otorgado a ella y a su familia el apoyo de atención emergente.
Dicha ley señala que es obligación del estado proporcionar apoyo, con cargo al Fondo Estatal, para pagar instituciones privadas, en caso de que se trate de un caso urgente, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere la víctima.
María Elena Ríos permaneció cuatro meses en el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso, luego de su ataque, donde era atendida y recibió injertos en zonas de su cuerpo dañadas por el ácido; no obstante, dado el estado del hospital y sus instalaciones, los injertos se pudrieron y fueron retirados.
En diciembre de 2019, luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer su historia, Ríos Ortiz fue trasladada al Instituto Nacional de Rehabilitación; sin embargo, la atención fue suspendida en marzo de 2020, pues el hospital se transformó en centro de atención Covid-19, ante la pandemia.
El gobierno del estado afirma en el comunicado emitido este miércoles que la famosa música decidió dejar de asistir, por voluntad propia, al INR; sin embargo, ella relata que en octubre de 2020 acudió a retomar su tratamiento, pero el instituto no había reanudado operaciones, por lo que no se trató de una decisión personal.
La saxofonista continuó recibiendo terapia funcional en instituciones privadas, debido a la emergencia sanitaria, en común acuerdo con el gobierno estatal y tal como lo marca la ley; de esta manera, la administración saliente reembolsaba un mes y medio después los gastos que María Elena Ríos pagaba mediante tarjeta de crédito; al respecto, la activista señala que para los reembolsos se entregaban notas, no facturas.
Asimismo, María Elena desmintió que su familia esté recibiendo tratamiento psicológico, ni psiquiátrico, como lo asegura el documento emitido este miércoles. «Nada más he sido yo porque siempre me ha preocupado que en algún momento me dejen de pagar», indica
Abunda que desde julio pasado, el gobierno estatal dejó de reintegrar los montos de gastos médicos que ella paga con una tarjeta de crédito, mismos que ascienden a 150 mil pesos aproximadamente, mientras que hay una cirugía programada para fechas próximas con un monto similar, acumulando un adeudo de 300 mil pesos hasta principios de agosto.
Por otro lado, detalla que en cirugías y procedimientos posteriores, los doctores le han apoyado con no cobrarle los gastos, únicamente los procedimientos quirúrgicos, lo que le permitió, hasta ahora, continuar con su tratamiento.
En tanto, Ríos Ortiz acusó al gobierno del estado de incurrir en su revictimización, al asegurar que se está cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Víctimas y reconocer su calidad como una de ellas, pero restringiendo los pagos y, con ello la obligación del Estado a otorgar una reparación integral a las víctimas.
