OAXACA, Oax., agosto 27 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que el gobierno de Oaxaca no ha acreditado la entrega de 2 millones 700 mil pesos que supuestamente erogó para otorgar la atención médica que por ley le corresponde a la saxofonista María Elena Ríos, víctima de intento de feminicidio con ataque con ácido.
En días pasados, el gobierno del estado emitió un comunicado en el que dio por terminado el apoyo emergente para la atención médica privada de Ríos Ortiz, asegurando que la entrega de la cantidad señalada estaba «plenamente documentada» ante la comisión. «Al respecto, la CNDH hace del conocimiento público que de la documentación remitida por el gobierno de la entidad, como parte de las pruebas de cumplimiento a la citada Recomendación, no se tiene acreditada la cantidad mencionada por dicha autoridad», dijo.
Además, hizo un atento llamado al gobierno del estado de Oaxaca a proteger los datos personales de la saxofonista, tanto su nombre como las cifras entregadas a ésta, derivadas de la violación a sus derechos humanos, tanto por particular como por las autoridades, que no garantizaron su derecho a una vida libre de violencia.
El organismo defensor explica que el revelar su nombre, así como las supuestas cantidades entregadas para su tratamiento médico, constituye violencia institucional y vulnera los derechos de la víctima a la salud, así como a la justicia.
«Es necesario que se adopten medidas de protección para salvaguardar los datos personales de la víctima, la cual se encuentra bajo su estricta responsabilidad», señaló la CNDH en un comunicado difundido por la noche del viernes en redes sociales.
La protección de los datos personales es permanente y atemporal, por lo que la información personal de la víctima sólo podrá revelarse con su autorización, indica el organismo.
Tras el comunicado emitido por la CNDH, María Elena Ríos insistió en que el documento difundido por el gobierno local «es violencia institucional, de género y económica contra ella, que incita a la difamación en su contra».
Y es que tras la difusión del documento, usuarios de redes sociales respondieron de manera negativa, descalificando su calidad de víctima.
«Mis tratamientos no han sido devueltos, sin embargo, la CNDH mostró públicamente las mentiras de un gobernador que evidencia su carencia de elementos y argumentos para borrarme, recurriendo a lo único que le enseñaron en su casa: la violencia», escribió en sus cuentas personales.
La saxofonista denunció la semana pasada que tras el retiro del apoyo gubernamental, tiene una deuda de 300 mil pesos, entre la que se incluye el costo de una cirugía reconstructiva que está programada para septiembre.
