CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).-
El grupo parlamentario del PAN, en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa que propone reformar el Código Penal Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Nacional de Procedimientos Penales para fortalecer los mecanismos de protección a la labor de los periodistas.
Propone sancionar aquellos dichos, expresiones o señalamientos que pongan en peligro la vida o la integridad de alguna persona defensora de derechos humanos, periodista, persona o instalación física o informática, que haya sido previamente víctima de un delito.
Por la comisión de estos delitos se impondrá de dos a nueve años de prisión, y de 60 hasta 400 días multa, y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
La iniciativa presentada a la Comisión Permanente, señala que la violencia verbal, censura y la intolerancia son practicadas sistemáticamente por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
«El titular del Ejecutivo realiza de manera cotidiana expresiones de ataque y denostación a periodistas, intelectuales, críticos y opositores que resultan abiertamente violatorias de la obligación constitucional de imparcialidad a la que se encuentran sujetos los servidores públicos del gobierno federal. Amén de lo anterior, dichas expresiones constituyen un elemento generador de riesgo e instigador de otras formas de violencia en contra de los periodistas», detalla el documento.
Afirma que en lugar de que el atentado en contra de Ciro Gómez Leyva hubiese atemperado la violencia verbal e institucional, «así como la actitud intimidatoria de parte del presidente, éste ha insistido en su conducta de agresiones en contra de la prensa e incluso del propio Gómez Leyva».
El proyecto también establece que cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación física o informática, con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, se aumentarán hasta en un tercio las penas establecidas para tal delito, así como la reparación integral del daño.
Y aumentarán las penas hasta el doble cuando dicho delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito.
También impulsa la inclusión del deber de guardar secreto de los periodistas, en el ámbito del desarrollo de su profesión, en los procedimientos penales. «Lo anterior logrará el objetivo de la intención de inhibir los abusos e intimidaciones que frecuentemente se presentan cuando se llama a declarar a periodistas ante autoridades investigadoras, garantizándose así la reserva de sus fuentes», señala la iniciativa.
Propone crear un título Tercero Ter en el Código Penal Federal, con un capítulo único, denominado «Delitos contra el Ejercicio del Derecho a la Información y a la Libertad de Expresión e Imprenta».
Plantea que los jueces y magistrados federales puedan conocer sobre las agresiones a los comunicadores, en el ámbito de sus atribuciones, configurándose la causa de federalidad que se estima pertinente.
