CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Respecto a la ampliación del decreto que regularizará más autos chocolate, es decir, vehículos extranjeros importados de manera ilegal al país, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo próximos, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) considera que es una incongruencia, ya que incentiva el envejecimiento del parque vehicular.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que se han regularizado un millón 47 mil 142 unidades de contrabando.
No obstante, el objetivo de acabar con la informalidad de este tipo de unidades no se ha logrado, al contrario, siguen entrando miles de automóviles de contrabando, principalmente por la delincuencia organizada que controla a quienes operan el tráfico, la venta y distribución de estos vehículos.
“Antes del decreto de regularización el problema se limitaba a los estados fronterizos, ahora el país se está inundando con ese tipo de unidades de desecho hasta en entidades donde ni siquiera existían debido a que ya emplacadas éstas pueden circular a cualquier parte del país para ser comercializadas, exponiendo la seguridad vial por los defectos ocultos que portan y sobreofertando la disponibilidad de vehículos usados, bajando el precio de los usados nacionales, por lo que sus propietarios al ver reducido su precio desistirán de renovarlos”, dijo Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA.
—Medida gubernamental incentiva la informalidad, consideran
Los distribuidores de autos consideran que en vez de impulsar la renovación del parque vehicular con programas de apoyo para el transporte público, el campo y los microempresarios, el gobierno federal incentiva la informalidad.
La AMDA advirtió que al concluir este año se regularizarán e importarán más vehículos extranjeros que nuevos vendidos en el mismo lapso: hasta un millón 200 mil autos usados contra un millón 70 mil nuevos, regresando a los peores tiempos de este fenómeno con el «chocodecreto» que en 2005 firmó el entonces presidente Vicente Fox, indicó Rosales.
