CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).-
El gobierno federal planea que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) opere una aerolínea comercial con la marca y los activos adquiridos de la extinta Mexicana de Aviación.
La empresa militar se llamaría Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica y daría servicio con una flota de 10 aviones arrendados, incluido el Dreamliner 787 que era utilizado como avión presidencial en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
También estaría a cargo de otros aeropuertos regionales y el Tren Maya, de acuerdo con información revelada por los «Guacamaya Leaks».
Todo lo anterior, pese a que la Ley de Aeropuertos prohíbe expresamente que una empresa aeroportuaria posea una aerolínea.
En octubre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en una conferencia de prensa matutina que sí habrá una nueva aerolínea.
«La nueva línea va a estar en un año; ese es el plan: a finales del año próximo (2023), junto a la entrada en funcionamiento del Tren Maya.
«Se está haciendo el avalúo sobre la marca de Mexicana para presentar a los trabajadores que ya aceptaron el que se pueda entregar la marca a cambio de una recompensa que se va a fijar de acuerdo a un evaluó que se realiza», dijo el mandatario.
El pasado 6 de enero, el gobierno federal acordó con los sindicatos que representan a los extrabajadores de Mexicana de Aviación la compra de la marca Mexicana y otros activos.
A través de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), el gobierno se comprometió a pagar 815 millones de pesos por la marca Mexicana de Aviación y sus submarcas; un edificio en Guadalajara; un piso en la calle de Balderas en la Ciudad de México; el centro de adiestramiento frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); y un simulador de vuelo.
Con estos activos empezaría a operar la nueva aerolínea.
—Objetivo del gobierno
La intención del gobierno es que la aerolínea de la Sedena cubra rutas eliminadas por motivos comerciales o por el cierre de empresas como Mexicana e Interjet, así como la reducción de vuelos de Aeromar.
Sin embargo, para que la Sedena obtenga un permiso de operación de una aerolínea se tienen que modificar las Leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos, por parte de los legisladores.
Además, se requiere una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la operación de la aerolínea, que, según las filtraciones de la Sedena, oscilaría entre mil y mil 800 millones de pesos.
Para el ejercicio fiscal de 2023 aún no se contempla esta partida, por lo que se tendría que solicitar para 2024 o mediante una adecuación presupuestaria.
El presidente López Obrador también quiere que el Aeropuerto Internacional de Campeche sea controlado por la Sedena y el Aeropuerto de Ciudad del Carmen por la Secretaría de Marina.
