CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).-
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una controversia constitucional contra la segunda parte del Plan B de la reforma electoral, a fin de obtener una suspensión para interrumpir su aplicación mientras se resuelve el fondo.
La segunda parte contempla las leyes generales de Instituciones y procedimientos electorales; de Partidos Políticos; de Medios de impugnación en materia electoral y la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En un comunicado, el Instituto sostuvo que está defendiendo no solo su autonomía, sino el Estado democrático establecido en la Norma Suprema, ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales.
En esta demanda se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que otorgue una suspensión, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y sus efectos, así como la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía.
Este recurso se suma a la controversia constitucional presentada por el INE el pasado miércoles 1 de febrero, en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
—Controversia tiene cuatro ejes
El INE señaló que la controversia está articulada en cuatro ejes. El primero, es la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión.
«El Instituto somete a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diversas violaciones graves al procedimiento legislativo que, en franco fraude a la ley, impactaron en la calidad democrática de la reforma, pues dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria», expone.
En segundo término, la vulneración a la autonomía e independencia del Instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
El INE demandó la invalidez de gran parte de la reforma, derivado de las violaciones constitucionales que afectan su autonomía, independencia, así como la invasión a su esfera competencial.
En tercer punto, la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales, ya que esta reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas.
Finalmente, la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma.
«En este recurso, se hacen valer una serie de agravios por el desmantelamiento de la estructura orgánica y la afectación a los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral», advierte.
