Distintas agrupaciones de feministas celebraron con bombo y platillo la resolución histórica de la despenalización del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Es razón de fiesta”; por lo que señalaron que el Congreso del Estado sí o sí deberá modificar el Código Penal del Estado, ya que de no hacerlo será sancionado.
Lo anterior porque es inconstitucional la manera en la que el Estado de Aguascalientes tipifica el delito de aborto consentido y voluntario, “el aborto es un derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarlo y el Congreso local está a obligado a derogar el tipo penal del aborto y lo deberán de hacer en este período, ya que será acreedores a multas, amonestaciones públicas y privadas o una posible destitución”, señaló Melissa Ayala del Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRA), de la CDMX.
Manifestaron que la propia Corte Interamericana ya ha reconocido la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, “por decidir, no se les puede criminalizar en Aguascalientes”
Por su parte, Angélica Contreras Ruvalcaba, integrante de Cultivando Género, destacó que con la despenalización del aborto se tendrá que realizar otra serie de reformas a la ley de salud, para que el Estado realmente garantice el acceso al aborto y las mujeres o personas gestantes puedan decidir en dónde y con quién quieren llevar sus acompañamientos.
Por lo anterior, señaló que se debe hablar de un presupuesto ya que es importante el apoyo y la capacitación al personal médico desde su formación, y además de que en los hospitales exista el equipo que pueda proporcionar la información pertinente, “es necesario despenalizar el aborto socialmente y poder llegar a una justicia reproductiva”, señaló Contreras Ruvalcaba.
Explicaron que siempre y cuando exista el consentimiento de la mujer y de la persona gestante, se podrá realizar sin ningún tipo de criminalización, el personal médico tampoco deberá ser perseguido al brindar información o el servicio.
Así mismo aclararon que el aborto se puede practicar a partir de la semana 12 de gestación, por lo que se le deberá exigir al Congreso del Estado realizar las adecuaciones correspondientes para que no existan lagunas dentro del Código Penal, “esteremos pendientes a que se aplique desde los enfoques de la perspectiva de género, interseccionalidad, interculturalidad y derechos humanos, los hospitales públicos deberán contar con personal médico no objetor de conciencia”, expresó Melissa Ayala, integrante de TERFU.
Finalmente la activista de Cultivando Género indicó que las personas que se encuentran encarceladas por abortar, sobre todo mujeres y personas con capacidad de gestar, tendrían que solicitar el cambio de su situación jurídica con base a la argumentación de la Suprema Corte, que fue aprobada por mayoría de cuatro votos, lo que implica que se vuelve obligatoria para las y los jueces locales y federales.
Pero destacaron que no así para las personas que cuentan con otra tipificación de delito, como el de feminicidio o violencia de género.
