Mientras que el ex-rector Javier Avelar y el ex-secretario de Finanzas en el gobierno de Martín Orozco, David Quezada Mora, son señalados como presuntos corresponsables directos de la megaestafa en contra de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ISSSSPEA y Fiscalía General del Estado, el abogado Erick Monroy Sánchez demandó que el caso se investigue a fondo y que se aplique todo el peso de la ley contra quienes participaron de manera directa e indirecta en la fabricación del multimillonario fraude.
Fuentes de la propia Fiscalía General del Estado advirtieron que Quezada Mora, quien funge actualmente como Oficial Mayor de la Fiscalía, está sujeto a una investigación especial, además de que está en marcha una auditoría externa que permitirá conocer la forma en la que se maquinó la gran estafa que afectó tanto a la UAA como al ISSSSPEA y a la propia Fiscalía del Estado.
En la Autónoma, por su parte, catedráticos, mandos y trabajadores demandaron que la actual rectora Sandra Yesenia Pinzón se separe del cargo para que la investigación se realice sin ningún tipo de sesgo, toda vez que se le relaciona con el grupo que liderea el ex-rector Avelar, quien aparece señalado como presunto responsable o corresponsable junto con otros funcionarios del Alma Mater del quebranto millonario que sufrió la institución.
Sobre el particular y tras dejar en claro que indebidamente se arriesgaron y perdieron los fondos públicos utilizados en la inversión de los llamados bonos basura, el ex-presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, Erick Monroy Sánchez, dijo que este caso delicado debe investigarse pronto y muy a fondo para encontrar y castigar penalmente a los posibles responsables, “porque son dineros públicos, son dineros que pertenecen a la ciudadanía y que no podemos darlos por perdidos a pesar de que pareciera imposible encontrar a quienes nos defraudaron en este caso no sólo a quienes confiaron en esas personas sino a todo el pueblo de Aguascalientes que es el dueño del dinero”.
Mencionó que lo primero que se tiene que hacer, luego que se supo de la megaestafa, es que las dependencias afectadas transparenten el por qué y el cómo, quién y cuándo se hizo esa compra de bonos basura, porque finalmente hay leyes y reglas por las cuales no se puede pasar por encima.
“Creo que en este caso los bonos de inversión se hicieron de una manera ilegal, de una manera inadecuada y entonces se tiene que transparentar desde las dependencias qué fue lo que pasó y una vez que se transparente eso se deben hacer las denuncias necesarias y que correspondan, para encontrar a los posibles infractores de la ley y para tratar de recuperar el dinero, que eso vendría siendo lo más importante para el Estado de Aguascalientes”.
Monroy Sánchez dijo que según los reportes del caso, la UAA tiene un quebranto reconocido de 207 millones de pesos, la Fiscalía General del Estado por 66 millones y el ISSSSPEA por 124 millones de pesos, “lo cual no es poca cosa, sino que creo que son cantidades importantes que tenemos que recuperar de inmediato porque la ciudadanía no puede estar perdiendo por nuestros políticos o servidores públicos irresponsables que manejan el dinero como si fuera propio cuando deben sujetarse a las reglas que la ley misma establece”, advirtió.
