CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).-
La deuda pública está en rangos que se consideran tolerables para un país como México, menores al 50% del PIB, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.
Ramírez de la O ofreció la conferencia «Logros, retos y perspectivas para la economía mexicana», como parte del Coloquio Internacional La transformación democrática en disputa. ¿Interrupción, consolidación o radicalización?, organizado por la UNAM, donde refirió que el presupuesto es el instrumento por excelencia para asignar y reasignar recursos públicos.
«La propuesta nace del espíritu que tiene cada gobierno, y el de la actual administración es que el presupuesto público pertenece a la gente y a las mayorías. Aunque en el pasado durante mucho tiempo estuvo dedicado a proteger aspectos sociales, en gran medida estaba capturado» por intereses privados», mencionó.
El funcionario federal aseguró que la capacidad de deuda del Estado ya no se usa para beneficio de intereses privados, sino para la sociedad en general.
«Los recursos presupuestales, que siempre son escasos, se utilizan para hacer un corte de línea entre los intereses públicos, del gobierno comprometido con la mayoría y los privados, con los cuales nadie tiene alguna riña.
«Si esos grupos son exitosos al promover sus intereses y gestionar sus propios proyectos, nosotros no tenemos problema, pero el presupuesto público es para otra cosa», indicó.
En la asignación del presupuesto, detalló el secretario, el gobierno ha cuidado que se atendiera a las familias de menor ingreso, que son las mayoritarias, entre las cuales se percibió deterioro en la calidad de vida.
Gasto en desarrollo social
En México, el gasto en desarrollo social está en ascenso y representa 11.7% del Producto Interno Bruto (PIB), en promedio, durante la actual administración, indicó Ramírez de la O.
«El presupuesto tiene contenido de inversión pública grande, pero el énfasis está en el gasto social», enfatizó.
En este contexto, sostuvo que el gobierno no está a favor de la inflación; al contrario, resiente cualquier brote inflacionario que siempre resulta en perjuicio de las mayorías.
Recordó que el Estado, como promotor responsable de la infraestructura, durante largo tiempo cedió proyectos al sector privado.
«Muchas de esas asociaciones público-privadas acabaron financiándose con la banca de desarrollo mexicana. Por ello, el gobierno actual enfatiza la responsabilidad del Estado para hacer la obra pública y no llevarla a los financiamientos privados, porque se encarece y se comprometen concesiones por decenios», dijo.
El actual, abundó, también es un gobierno atento a las oportunidades. Ejemplo de ello es que «estamos comenzando a utilizar nuestra infraestructura para capturar la llamada relocalización» (o nearshoring).
Crecimiento económico e inversión en México
Al referirse al crecimiento económico con desarrollo regional, apuntó que el aumento del PIB en periodos sin recesión registra un promedio de la tasa trimestral anualizada de 2.7 en este sexenio; mientras que en el periodo de Felipe Calderón fue de 2.7; y de 1.9 en el de Enrique Peña Nieto.
El secretario de Hacienda comentó que en los últimos 40 años México se orientó a la exportación como estrategia de desarrollo; se abrió la economía y desde entonces el crecimiento había estado determinado a su vez por el de la economía mundial y, en particular, de los Estados Unidos, hasta este gobierno donde se demuestra que es la demanda interna la que impulsa el crecimiento.
La inversión, recalcó, está rebasando los límites de 2019, el consumo de los hogares también está en línea ascendente y el consumo público y privado sostienen una trayectoria al alza. Además, la actual administración inició con obras «muy fuertes», porque es la inversión pública la que impulsa a la privada y, a la larga, al consumo en general.
También señaló que la inversión pública va en aumento a partir de mediados de 2022 y vemos que en el mercado laboral se ha mostrado ese impacto con la creación de empleos, más que en los sexenios anteriores.
Además, ha habido una política de revisión de salarios y de marcos contractuales para las empresas privadas, los cuales han generado aumento del salario real extraordinario de 14.9% en lo que va del actual sexenio.