La Universidad Autónoma de Aguascalientes deberá asumir su responsabilidad en cuanto a la Estafa Pozi, tanto por omisión como por comisión, ya que el hecho de que se desconozca la ley no implica que no se deba cumplir, manifestó la presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes, Dafne Viramontes Ornelas.
Por lo que advirtió que la UAA tendrá un fuerte impacto financiero después de la Estafa Ponzi, ya que el presupuesto que se le asignó para el 2023 fue de mil 500 millones de pesos y los 213 millones de pesos que se perdieron a través de este fraude representan un 14% de este.
No se puede conocer exactamente cuál era el fin del presupuesto de la universidad que se está viendo afectado por el hermetismo de la información; “no conocemos de dónde se dispuso de esos fondos y por qué se ejercieron de esa manera”, expresó.
Y señaló que los bonos en lo que se decidió invertir parecían bastante atractivos, pero existía una alerta de que eso podría implicar un problema, ya que estos tipos de estafa no son nuevos y lamentablemente se desconoce cuándo se adquirieron estas acciones porque la información se clasificó como reservada.
La economista indicó que es bastante preocupante el hecho de que ni la Asociación de Catedráticos (ACIUUA) o la Federación de Alumnos (FEUAA) de la universidad y sociedad civil se manifiesten o levanten la voz.
Viramontes Ornelas manifestó que es incomprensible la indiferencia y apatía ante una problemática que tiene que ver con recursos públicos y de instituciones que pueden tener un gran impacto social como la Fiscalía, el ISSSSPEA o la Universidad Autónoma.
En dicha situación la falta de transparencia no debería de estar sucediendo, ya que toda la ciudadanía tiene el derecho de poder acceder a dicha información para conocer lo que sucedió y poder protestar; “lo primero que se hace es que se oculta la información y es un problema muy grave que se tiene en Aguascalientes”, concluyó la especialista.
