París, 25 ene (EFE).-
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio por buena la ley de inmigración, después de que el Consejo Constitucional francés anulara este jueves una parte significativa de esta polémica norma, aparcando las medidas más duras que había incluido la derecha durante la negociación parlamentaria.
Según fuentes del Elíseo citadas por los medios franceses, Macron consideró que los jueces del Constitucional «han validado la casi totalidad de las medidas que estaban contenidas en el proyecto de ley del Ejecutivo».
La norma había sido endurecida sustancialmente durante el debate parlamentario por exigencia de la derecha de Los Republicanos (LR), a la que el macronismo necesitaba para aprobarla.
El presidente, que había solicitado al Constitucional un dictamen sobre la ley y que actualmente está en visita de Estado en la India, pidió al ministro del Interior, Gerald Darmanin, que ponga en marcha la norma «lo antes posible», aunque esta no satisfaga al LR, ni a la ultraderecha que también había votado a favor del texto.
En una entrevista en el canal TF1, Darmanin confirmó que Macron promulgará la ley «en las próximas hora» y destacó, que a pesar de los vetos del Constitucional, la norma servirá para expulsar a los inmigrantes irregulares que hayan delinquido.
En su dictamen de este jueves, los jueces del alto tribunal habían censurado de la ley que salió del Parlamento la creación del delito de estancia irregular, el endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales o el establecimiento de cuotas migratorias anuales.
También figuran entre las medidas reprobadas las restricciones al reagrupamiento familiar, la imposición de una fianza a los estudiantes extranjeros como garantía de que saldrán del país o las restricciones al llamado derecho de suelo en la adopción de la nacionalidad francesa.
El LR, el más damnificado por la decisión judicial, reaccionó por boca de su presidente, Eric Ciotti, quien acusó a los miembros del Consejo Constitucional de «juzgar de forma política y no jurídica» y consideró «imprescindible» una reforma constitucional «para salvaguardar el destino de Francia».
En cuanto al partido de la ultraderecha, la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, que aunque durante el debate legislativo había criticado el texto de Darmanin porque a su juicio no era suficientemente duro con los inmigrantes, al final acabó votando a favor una vez que se integraron las enmiendas de LR, también manifestó su descontento.
Le Pen consideró que un reférendum sobre la Constitución es la única solución para abordar la cuestión migratoria.
El Constitucional tumba las cuotas de inmigrantes
El Consejo Constitucional tumbó uno de los símbolos de la derecha para controlar la inmigración, la imposición de cuotas de entrada, pero lo hizo por razones de forma.
La censuró porque la ley aprobada definitivamente en diciembre establecía que esas cuotas las fijaría el Parlamento en un debate anual, y los jueces constitucionales señalan que eso atenta contra el principio de separación de poderes, porque a los diputados y senadores no se les puede imponer la organización de su trabajo.
Por el contrario, dio su visto bueno a un dispositivo controvertido que obliga a los extranjeros extracomunitarios que quieran obtener un permiso de residencia que suscriban un contrato por el que se comprometen a respetar los principios de la República francesa.
Es decir, que la autorización administrativa para vivir en Francia implica decir de forma explícita (algo que no tienen que hacer los franceses) que van a respetar las libertades individuales, la libertad de expresión o de conciencia, la igualdad de hombres y mujeres, la Constitución y la integridad territorial francesa.
Y sobre todo, que no se ampararán en sus creencias o en sus convicciones religiosas para sustraerse a las reglas comunes.
La aprobación de la ley de inmigración supuso un giro o al menos una inflexión hacia la derecha del Gobierno del presidente, Emmanuel Macron, al ceder en muchos puntos de su objetivo inicial para atraerse el favor de LR, y eso a costa de una cierta división entre sus propias filas.
Una división que se tradujo en el voto contra la ley de 27 de los 248 diputados del bloque macronista, los del ala más centrista, además de en la dimisión del ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau.
La amplia censura constitucional de la ley abre ahora un periodo de incertidumbre sobre la posibilidad de volver a coser las fracturas dentro de ese bloque, pero también abre el riesgo de una ruptura con LR, cuyos parlamentarios serán necesarios para futuros proyectos legislativos.
