Ciudad de México, 5 feb (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentó este lunes el último paquete de reformas constitucionales de su Gobierno, compuesta de 20 iniciativas, con controvertidos cambios al sistema de pensiones, la subida del salario mínimo, la elección por voto popular de los magistrados de la Suprema Corte y la eliminación de los reguladores autónomos.
En su presentación desde el Palacio Nacional, el mandatario mexicano defendió que sus últimas propuestas de cambios legales, que deberán ser aprobadas en el Congreso, se basan en contrarrestar artículos «antipopulares» que fueron introducidos a la Constitución en el periodo «neoliberal» en el país.
“Todas esas reformas del periodo neoliberal contrarias al interés público se tratan de adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna, que fue fruto de un movimiento popular revolucionario y por lo mismo concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social, público”, dijo López Obrador, quien dejará el poder el próximo 1 de octubre al término de su sexenio (2018-2024).
El mandatario mexicano sostuvo que las reformas que propone, precisamente en el día de la Constitución mexicana, buscan establecer derechos y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia.
En concreto, López Obrador mencionó que una de sus reformas se centrará en revalorizar a las comunidades originarias en el país y dotarlos de certeza jurídica para ser beneficiarios de programas sociales.
Mayores pensiones y salario mínimo, menos diputados y senadores federales
Además, dijo que remarcará el derecho obligatorio de los adultos mayores desde los 65 años para recibir una pensión gubernamental y que todos los estudiantes en todos los niveles educativos puedan recibir una beca.
El mandatario mexicano indicó que sus propuestas buscan garantizar la atención médica integral y gratuita a todos los mexicanos, que el salario mínimo nunca suba por debajo de la inflación anual y la prohibición del comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo.
Prometió revertir las reformas a las pensiones de 1997 y 2007, pues dijo afectan injustamente a trabajadores y les impiden jubilarse con el 100 % de su salario, a la vez que anunció la creación de un fondo ‘semilla’ que iniciará con 64.000 millones de pesos (unos 3.770 millones de dólares) y que seguirá incrementándose en el tiempo para alcanzar este fin.
También propuso que se garantice el trabajo a estudiantes que no encuentren oportunidades con un salario mínimo hasta por un año por parte del Estado.
López Obrador adelantó, por otro lado, que buscará que los 18.000 kilómetros de vías férreas concesionados a empresas privadas sean recuperados y se utilicen para pasajeros, así como brindar internet a la población en general.
Delineó que los consejeros y magistrados electorales serán electos por voto popular, al igual que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial; y propuso eliminar los cargos plurinominales del Congreso y reducir a 300 los diputados (de los 500 actuales) y 64 senadores (de los 128 actuales).
Al mismo tiempo, impulsó eliminar los organismos autónomos y que la Guardia Nacional vuelva al mando militar bajo la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena); así como insistir en la llamada austeridad republicana para que funcionarios no puedan ganar más que el presidente y se eliminen “privilegios y extravagancias”.
Entre otros cambios, también pretende reducir de 40 % al 30 % el consenso necesario para aprobar consultas populares y la revocación de mandato a la mitad de cada periodo de gobierno.
Los cambios serán entregados en un protocolo oficial a la Cámara de Diputados, que será la primera instancia del Congreso mexicano en revisar, discutir y, en su caso, aprobar el último paquete de reformas constitucionales de López Obrador.
