Familiares de personas privadas de la libertad (PPL), trasladados a distintos centros penitenciarios del país, se manifestaron en el Tribunal Superior de Justicia en demanda del estado legal y la justificación sobre el movimiento de los internos.
Los manifestantes refirieron que no fueron notificados respecto del traslado realizado por autoridades federales y estatales el pasado viernes por la madrugada.
Ese día 182 internos de centros penitenciarios de Morelos fueron llevados a penales de Michoacán, Guanajuato, Sinaloa y Durango, de acuerdo con versiones obtenidas por los familiares.
Asimismo, señalaron que sólo algunos han podido hablar con sus familiares, pero la mayoría sigue sin comunicarse con ellos. De igual forma, expusieron que al hablar con ellos lo primero que dicen es que están bien y que los tratan bien, sin embargo, creen que son obligados a decir eso porque la mayoría de los PPL contactados recitan la misma frase.
También compartieron que hasta el momento no han tenido ningún tipo de comunicación con las autoridades acerca de este asunto, por lo que exigen conocer la situación a fondo, pues temen por la integridad de sus familiares.
Una versión que surgió entre los familiares es que las autoridades del sistema penitenciario pidieron a algunos internos la cantidad de 50 mil pesos para borrarlos de las listas de traslado, de lo contrario serían llevados otros penales del país.
El traslado fue supervisado por personal de la CDHM
El viernes el sistema penitenciario de Morelos informó del traslado de 182 PPL a diversos centros federales del país con «la finalidad de eficientar la organización y funcionamiento de los centros penitenciarios del estado, así como garantizar la estabilidad y gobernabilidad de los mismos», argumentaron las autoridades.
El sistema penitenciario, dependiente de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), aseguró que el traslado fue supervisado por personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), con el propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, horas después el organismo rechazó cualquier participación en el traslado de los internos y tampoco, aseguró, fue solicitada por ninguna autoridad estatal su participación en el operativo.
El penal de Atlacholoaya fue diagnosticado con sobrepoblación y falta de servicios.
El Diagnóstico Estatal de Reinserción Social (DERS) 2022, publicado por la CDHM en diciembre de 2023, arrojó una población de 3909 personas privadas de la libertad, 2662 habían recibido sentencia, 1227 enfrentaban procesos penales y nueve tenían carácter de imputados.
En ese año ocurrieron cinco riñas, dos homicidios y un suicidio, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El penal de Atlacholoaya fue diagnosticado con hacinación, sobrepoblación, autogobierno y falta de servicios post-penales y otras.
