La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, por 36 votos a favor y cero en contra, el dictamen en materia de austeridad para que ningún servidor público tenga un salario mayor al del Presidente de la República, que para 2024 se calcularía en 241 mil 070 pesos mensuales y 2 millones 892 mil 848 pesos anuales, según la propuesta.
El documento avalado por unanimidad establece que la remuneración integral del titular del Ejecutivo incluirá todas las percepciones en efectivo o en especie, y no podrá exceder el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (39 mil 606.36 pesos).
Así, la remuneración que perciban los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación, no podrá ser mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente y no será disminuida durante su encargo.
En el artículo cuarto transitorio se especificó que los ahorros que se generen en los presupuestos de egresos que correspondan como resultado de la aplicación de las medidas de austeridad republicana y el ajuste de las remuneraciones de las personas servidoras públicas, se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La reforma establece que no podrán adquirirse o contratarse con recursos públicos ningún tipo de bienes o servicios innecesarios, así como jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, cajas de ahorro especiales, seguros de gastos médicos o seguros de vida privados u otros que no estén previstos por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
También especifica que no forman parte de la remuneración los gastos sujetos a comprobación, los gastos de viaje en actividades oficiales, servicios de seguridad y, en general, aquellos que sean propios del desarrollo del cargo y se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales reglamentadas y autorizadas, incluyendo los inherentes al funcionamiento de residencias, sedes, oficinas e instalaciones asignadas para el desempeño del cargo, transportes, así como uniformes oficiales, alimentación, protección civil, equipamientos y demás enseres necesarios, con excepción de los gastos prohibidos por la ley en la materia.
Por lo que el diputado Jorge Triana (PAN) criticó que no se tomen en cuenta dichas conceptos, junto con otros, como fondo de aportaciones de seguridad social, fondo de ahorro, ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldo, gratificación y compensación garantizada, prima quincenal, ayuda de despensa, seguro de vida institucional y seguro colectivo de retiro, con lo que «el Presidente de la República tiene remuneración, de acuerdo a este concepto constitucional, de casi medio millón de pesos al mes, y no se va a incluir esto».
Y añadió que no se cumplió el decreto de austeridad que se emitió durante la pandemia, porque «el propio gobierno rebasó en cuatro veces en gastos superfluos, gasto corriente, gasto de operación, absolutamente nada que ver con la pandemia, no hay austeridad».
«Hoy en día, 12 secretarios de Estado ganan más que el Presidente de la República porque no se pudieron hacer los ajustes respectivos; nada más, la persona que ocupa en este momento la Secretaría de Energía tiene una remuneración superior al 46%, con relación a lo que gana el Presidente de la República», detalló.
Por su parte, el diputado Armando Gómez Betancourt (PVEM) dijo que establecer la austeridad republicana como un principio en la Constitución permitirá reorientar los recursos públicos a programas integrales del bienestar y productos de infraestructura.
«En cuanto las remuneraciones de los servidores públicos, se busca reforzar lo que ya dice nuestro texto constitucional en su artículo 127, con el fin de que no haya pretexto para su cumplimiento, como hoy sucede con diversos funcionarios, por ejemplo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes han encontrado la manera de seguir teniendo ingresos exorbitantes, muy por encima de sus homólogos en otros países y muy alejados de la realidad económica que se vive en nuestro país», dijo.
En su turno, la diputada Cinthya López Castro (PRI) apoyó la reforma constitucional y comentó que los funcionarios públicos que quieran ganar más que el titular del Ejecutivo, pueden trabajar en la iniciativa privada.
«Estoy a favor que un senador, que un diputado, que un consejero del INE, que el ministro, que cualquier servidor público puede estar debajo de los 136 mil 700 pesos, que es bastante digno; si quieren hacer dinero, pues está por supuesto la parte privada y ahí pueden hacer negocios, pueden poner empresas, pueden ganar dinero», expresó.
