Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, aprobaron por mayoría, la reforma al Poder Judicial que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.
Se avaló por 22 votos a favor por parte de Morena y sus aliados del PVEM y del PT, así como 17 sufragios en contra por parte de las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC.
Durante el debate, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, recordó que previo a la dictaminación hubo decenas de foros y diálogos con expertos, autoridades, y ciudadanía en federal, pero aseguró que «esos diálogos sirvieron solo para la simulación».
El líder priista, Rubén Moreira, dijo que lo que sí debería contener la reforma es minimizar la saturación de juzgados a nivel local, incrementar el personal en los juzgados federales, incrementar los sueldos, así como mejorar el Ministerio Público y los centros periciales, entre otras cosas. Denunció que en lugar de ello, «la reforma permite la intervención de poderes fácticos, entre ellos el capital y el crimen organizado».
En su oportunidad, la diputada panista, Margarita Zavala, dijo que la reforma es parte de un «deseo de venganza» por parte de Morena, y aseguró que con dicho cambio constitucional habrá despidos masivos e injustificados.
En respuesta, el diputado de Morena, Hamlet García, calificó como «falso» que no se haya escuchado al poder judicial, a la sociedad, a los expertos que acudieron a los foros. Agregó que los derechos laborales sí serán respetados en su totalidad, incluso se respetarán los beneficios superiores a la ley.
Gerardo Fernández Noroña, del PT, llamó «apátridas» y «traidores a los intereses del pueblo» a los integrantes de la oposición «porque están a favor de los intereses extranjeros y respaldan a Ken Salazar».
La reforma plantea modificar el artículo 95 constitucional para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular.
Establece que se realizarán dos elecciones para elegir a la totalidad de ministros, magistrados y jueces; una el primer domingo de junio de 2025 y la otra en 2027.
Para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes sean electos permanecerán en el cargo por un periodo de durarán ocho y 11 años, por lo que vencerá el año 2033 y 2036 para cuatro y cinco de ellos, respectivamente, ya que el pleno se reduce de 11 a 9 integrantes.
El proyecto prevé la extinción de la sala regional especializada del TEPJF a más tardar el 1 de septiembre de 2025. En tanto que las dos salas que tiene actualmente la SCJN serían eliminadas y solo se realizarían sesiones en el pleno que deberán ser públicas y transparentes.
Contempla también la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y un tope salarial para que nadie gane más que el presidente de México.
Se sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial. El primero estará encargado de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial, mientras que el segundo recibirá denuncias contra ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley.
La reforma establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales; prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
En materia de Justicia local, plantea que los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados, y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.
Además, se mandata extinguir los fondos y fideicomisos del Poder Judicial para sumar esos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Como parte de los cambios recientes al proyecto, se le da «pase automático» a los ministros, magistrados y jueces que se encuentran en funciones para que participen en la elección popular que plantean realizar el próximo año.
Condiciona a los actuales ministros a que concluyan su cargo por no postularse o no haber sido electos, a recibir un haber de retiro sólo si presentan su renuncia antes de la fecha de cierre de la convocatoria, el 31 de agosto de 2025.
Tras su aprobación en lo general, se procedió al debate en lo particular de la reforma. Una vez que sea avalado en la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen será turnado a la mesa directiva para sea el pleno de las 66 legislatura el encargado de someterla a discusión y votación.
