Tucson (AZ), 3 jul (EFEUSA).- Grupos de activistas de Tucson (Arizona) entregaron este miércoles más de 18.000 firmas de votantes registrados que quieren realizar en noviembre próximo la primera consulta a nivel nacional sobre si esta ciudad debe ser un «santuario» para indocumentados.
En caso de llegar a las urnas y aprobarse en noviembre, Tucson se convertiría en la primera ciudad santuario en Arizona, un estado conocido por sus duras políticas en contra de los inmigrantes irregulares.
«Estamos frente a un momento histórico, no es mucho lo que podemos hacer para frenar la separación de familias, poco para terminar con las muertes en la frontera, evitar que los inmigrantes se conviertan en una mina de oro para las compañías privadas que manejan los centros de detención, pero sí podemos hacer algo en nuestra ciudad», dijo Zaira E. Livier.
La directora de la campaña «Familias Libres y Seguras de Tucson», impulsores de la propuesta «Iniciativa Defensa de la Gente», explicó en conferencia de prensa que entregaron 18.155 firmas ante la oficina del Centro de Elecciones de la Ciudad de Tucson.
Solo requieren que 9.200 de estas firmas sean validadas para que la propuesta forme parte de la boleta electoral durante las elecciones del próximo 5 noviembre.
Además de proclamar oficialmente a Tucson como «santuario», la propuesta también incluye 15 cláusulas para evitar las prácticas de perfil racial por parte del Departamento de Policía de la Ciudad de Tucson y proteger a víctimas o testigos de crímenes, entre otros.
También, prohibiría cualquier tipo de cooperación con el Gobierno federal para llevar a cabo operativos o redadas por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), así como evitar la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza en lugares sensibles coom escuelas, iglesias y hospitales.
Aunque por ahora se trata solo de una iniciativa, este intento de llevar a llevar a consulta popular la medida enfrenta ya criticas de miembros de la comunidad y políticos que temen tenga un efecto adverso para la ciudad y la comunidad migrante.
«Lo que pide este propuesta es algo que la Ciudad de Tucson ya esta haciendo en un 60 %. Me preocupa la forma en que está escrita la propuesta, lo que puede ponernos en contra de la leyes estatales y ponernos en la mira de la Legislatura estatal, lo que le costaría a la ciudad parte de su presupuesto», dijo a Efe Regina Romero, concejal y aspirante demócrata a la Alcaldía.
Romero, quien se ha distinguido por luchar por los derechos de la comunidad migrante en Tucson, explicó que existe una ley a nivel estatal conocida como SB1487, que, en su opinión, «amarra los brazos» a las ciudades para aprobar leyes que los legisladores y el gobernador consideren que están en contra de los intereses estado.
«Nos pueden quitar el presupuesto que nos corresponde como ciudad. Estamos hablando de 130 millones de dólares o más», dijo.
La iniciativa podría estar en un conflicto directo con la controversial ley estatal SB1070, aprobada en el 2010, la cual otorga el poder a las autoridades policiacas de cuestionar el estatus migratorio de las personas que «sospechan» son inmigrantes indocumentados.
Romero consideró que el «problema» real en materia migratoria está en la Administración del presidente Donald Trump, la Legislatura estatal, dominada por los republicanos, y el gobernador Doug Ducey, también conservador, pero «no la ciudad de Tucson».
Otros temen que la ciudad se pueda volver blanco de operativos por parte de ICE en represalia por convertirse en una de las denominadas ciudades «santuario», por lo que rechazan colaborar en la aplicación de la política migratoria, que es de competencia federal.
Ante estos temores, Livier dijo a Efe que es mentira que la ciudad perdería dinero, ya que están asumiendo desde un principio que perderían cualquier demanda ante una corte.
«Escribimos esta propuesta para estar a los límites de la SB1070. Estamos seguros que podremos defenderla legalmente, entendemos la preocupación, sabemos que actualmente ya tenemos redadas de ICE, y por eso es importante establecer una ley local y no solo una ordenanza aprobada por el concilio que puede cambiar en cualquier momento», dijo.
