Funcionarios de la Sala Administrativa del Poder Judicial hicieron llegar a HIDROCÁLIDO su molestia y denuncia contra los magistrados Rigoberto Alonso Delgado y Alfonso Román Quiroz debido a que, tras la ratificación de la denuncia por la filtración indebida de información relacionada con el fallo del libramiento carretero, se ha recrudecido el ambiente de hostilidad, sospecha y desconfianza al interior de este Órgano.
De acuerdo a los denunciantes, los magistrados se han encargado de propalar amenazas y advertencias sobre despidos y hasta sanciones en contra de empleados de la Sala con el objeto de generar discordia y encontronazos entre los mismos trabajadores, lo cual no sólo enrarece el ambiente de trabajo, sino que además ha provocado que se deteriore gravemente el desempeño del Órgano, empeorando aún más la ya grave situación del Poder Judicial.
Los trabajadores señalaron que claramente se busca cargar culpas a la secretaria general de Acuerdos, María Hilda Salazar Magallanes y a otros empleados de la Sala, lo cual lejos de convertirse en un elemento disuasorio contra los trabajadores, éstos se manifestaron completamente listos y dispuestos a declarar lo realmente acontecido sobre la filtración de la demanda al Ejecutivo estatal, señalando de cuál o cuáles de los magistrados vino la instrucción de entregar esos datos a la Administración de Martín Orozco Sandoval.
Los trabajadores de la Sala Administrativa del Poder Judicial dijeron a HIDROCÁLIDO que tienen conocimiento que el asunto está siendo manejado con pinzas al interior del Congreso del Estado, con el objeto de que pase sin problemas a la Comisión de Justicia, y de encontrar los suficientes elementos en la acusación, ésta se habrá de turnar al Pleno del Congreso para que en su momento se integre la Comisión Instructora y se siente a los magistrados y demás funcionarios judiciales, en el banquillo de los acusados.
Cabe recordar que este asunto nace por la filtración que se hiciera desde la Sala Administrativa del Poder Judicial hacia el Poder Ejecutivo de la demanda de la empresa Grupo Profrezac contra el Gobierno del Estado, esto con el fin de favorecer la defensa del gobernador Martín Orozco Sandoval en relación a la decisión del libramiento carretero poniente.
De esta forma, los magistrados de la Sala, Rigoberto Alonso Delgado y Alfonso Román Quiroz y otros funcionarios judiciales enfrentan un juicio político que se sigue ante el Congreso del Estado, además de enfrentar otros procedimientos sancionadores administrativos y penales.
La denuncia ante el Congreso fue ratificada por el denunciante y por ello el juicio político avanza, procedimiento histórico e inédito en Aguascalientes, y dada la seriedad de la materia del asunto, ya hay un especialista quien está asesorando al Poder Legislativo en los aspectos procesales, a fin de que todo se lleve conforme a derecho, revelaron los denunciantes de la Sala Administrativa a HIDROCÁLIDO.
Dentro del Congreso se ha valorado la posibilidad, prevista en las leyes de la materia, de remover a los magistrados y demás funcionarios acusados para continuar con el procedimiento y evitar que se entorpezcan las investigaciones.
