México, 28 ene (EFE).- Los productores locales del sureste de México, territorio indígena maya, denunciaron este martes las consecuencias que sufren sus comunidades desde que en 2012 varias empresas multinacionales consiguieran licencia para plantar soya transgénica en sus territorios.
«Estoy tomando agua contaminada, estoy respirando aire contaminado. Hay un conflicto social y confrontaciones internas muy fuertes. Nuestros jóvenes están migrando», reclamó este martes la activista maya Leydy Pech, apicultora de Hopelchén, el municipio más afectado por estas plantaciones en el sureño estado de Campeche.
Pech participó en una conferencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la que se trató principalmente el problema que atraviesa la apicultura en esas zonas, primera actividad afectada por la deforestación y por uso de pesticidas y plaguicidas a cargo de los grandes productores de soya.
Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 % de la producción de miel en México, gracias a técnicas milenarias que ahora están en riesgo por la deforestación y la contaminación de tierras y aguas.
El apicultor y activista Gustavo Huchín denunciaba la situación en el documental «¿Qué les pasó a las abejas» (2019), al señalar que fuerzan a los mayas a vender las tierras, luego las desforestan y las riegan de pesticidas, lo cual destruye el hábitat de las abejas y les causa daños que nos les permiten volver a los panales, cuando no las matan directamente.
Pero las abejas no son las únicas en sufrir los daños, ya que, para evitar inundaciones en las cosechas, los productores industriales construyen pozos de absorción ilegales, con lo que se contaminan el agua y las tierras de toda la zona.
Uno de los principales elementos de los pesticidas utilizados es el glifosato, un componente calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como «probablemente cancerígeno para los seres humanos».
Ante esta situación, las denuncias de los productores mayas surgieron efecto en noviembre de 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de México suspendió esa licencia para plantar soya y así dar derecho a los indígenas a ser consultados sobre qué actividades agrícolas deseaban en sus territorios.
Las consultas fueron encomendadas a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, pero el proceso sigue sin concluir y la moratoria no se ha respetado, denuncian los indígenas.
«En 2003 no se sembraba soja en Hopelchén. En 2016, se sembraron más de 28.000 hectáreas y en 2019 fueron 45.000 hectáreas, según el grupo de sojeros», recordó Pech, quien apuntó directamente a Monsanto, que fue adquirida por la multinacional alemana Bayer en junio de 2018 por 63.000 millones de dólares.
El subsecretario de la Sader, Víctor Suárez, aclaró a los medios que el Gobierno trabaja en la prohibición «a la siembra de soya transgénica, que está asociada a uso masivo de herbicidas tóxicas», en un plazo «de pocos meses».
El subsecretario reveló que «una comisión intersecretarial», con apoyo de la Sader, de la Secretaría de Medioambiente y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), trabaja en establecer los plazos y las formas para llevar a cabo el estudio que conduzca a la prohibición.
Suárez recordó que el Ejecutivo ya prohibió una lista «amplia» de plaguicidas «altamente peligrosos» por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
