México, 8 may (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció este viernes que muchas de las personas recluidas en centros de detención en Nicaragua desde 2018 por protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega pueden estar contagiadas con COVID-19.
En un comunicado, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que más de una docena de personas en el Sistema Penitenciario Nacional han presentado síntomas que podrían estar relacionados con el coronavirus.
Detalló que esto se suma al maltrato al que son sometidos a diario los presos y a las condiciones de detención «precarias», pues las personas permanecen hacinadas «y sin recibir atención médica adecuada».
Además, señaló, algunos detenidos tienen serios padecimientos clínicos previos, «por lo que son especialmente vulnerables frente al virus».
Organizaciones locales y familiares de los presos habían denunciado ya que los detenidos presentan síntomas compatibles con COVID-19, pero que han sido ignorados por el Gobierno.
«Es inadmisible que el Gobierno no atienda la obligación de garantizar su derecho a la salud», enfatizó la organización ante esta situación.
Por ello, AI pidió a la comunidad internacional mantenerse vigilante al manifestar que todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica «deben ser liberadas de inmediato».
También urgió a las autoridades nicaragüenses a tomar medidas para garantizar la salud del resto de personas privadas de la libertad y garantizar el acceso al agua, saneamiento y productos de higiene para toda la población carcelaria.
CRISIS SANITARIA SE SUMA A SOCIOPOLÍTICA
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una profunda crisis sociopolítica por las manifestaciones contra Ortega por unas fallidas reformas de la seguridad social.
Las marchas se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción.
Policía y paramilitares han sofocado al movimiento popular con ataques armados, que han dejado cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos y más de 100.000 en el exilio, según organismos humanitarios.
En abril, AI había denunciado que el Gobierno de Nicaragua aumentaba el riesgo de contagio por COVID-19 en la población al ignorar «flagrantemente» las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en relación con la pandemia.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha documentado que las autoridades promovieron actos masivos durante marzo y abril, en medio de la pandemia, como desfiles y actividades turísticas.
Hasta ahora, el Gobierno de Nicaragua solo reconoce 16 casos confirmados de COVID-19, incluyendo 5 muertos.
En contraste, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 contabiliza 632 casos, además de haber verificado la muerte de al menos 16 personas por la pandemia, 10 de ellas en la última semana.
