México, 21 oct (EFE).- Amnistía Internacional (AI) reconoció este miércoles en rueda de prensa los avances entorno al caso del defensor medioambiental mexicano Julián Carrillo, asesinado el 2018, pero expresó inquietud por la supresión por parte del Congreso de fideicomisos destinados a la protección de activistas.
«Los casos como el de Julián Carrillo son casos paradigmáticos que muestran lo graves que pueden ser las consecuencias de la lucha por conservar la naturaleza y defender los territorios, pero sobre todo la falta de atención por parte de los estados a las causas estructurales que generan esta situación de violencia», expresó Érika Guevara, directora para las Américas de AI.
En ese sentido, la organización lamentó la supresión este miércoles en el Senado de 109 fideicomisos, entre ellos los destinados a la protección de activistas y periodistas, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador los considera focos de corrupción.
Para la directora de AI en México, Tania Reneaum, el asesinato de Carrillo demuestra que «la ayuda a defensores de derechos humanos y periodistas debería reforzarse».
«No estamos en contra de la rendición de cuentas y la transparencia, es uno de nuestros objetivos fundamentales, y reconocemos el complejo contexto pero también exigimos al Estado su deber de dar cuidados y prevención ante ataques a personas defensoras de derechos humanos», dijo.
Julián Carrillo, que formaba parte de un programa de protección gubernamental para activistas, huyó el 24 de octubre de 2018 a un cerro al ser perseguido por varios sicarios debido a la defensa que ejercía sobre el territorio en su comunidad Coloradas de la Virgen.
Uno de sus hijos escuchó un tiroteo y avisó a las autoridades, pero pronto se encontró el cuerpo sin vida de Carrillo.
Según la Secretaría de Medio Ambiente de México, desde enero hasta mayo de 2020 fueron asesinadas 10 personas defensoras del medioambiente, de la tierra y de los recursos naturales.
Amnistía Internacional y otras organizaciones mantuvieron este miércoles un encuentro con Javier Corral, gobernador de Chihuahua, donde fue asesinado Carrillo.
En la conferencia de prensa expresaron que el mandatario se comprometió con entregarles un informe de lo hecho desde el asesinato y les aseguró que se realizará una nueva reunión a inicios de 2021 para conocer el estado del proceso judicial, en el que, por ahora, hay dos personas implicadas.
«La reunión fue fructífera porque se obtuvieron algunos resultados (…) pero independientemente de que los autores materiales estén en proceso judicial, no olvidemos que estos asesinatos obedecen a causas estructurales ligadas al despojo de los territorios por actores con poderes fácticos y complacencia de las autoridades», expresó Isela Gómez, de la organización Alianza Sierra Madre.
