CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- Amnistía Internacional (AI) y el Alto Comisionado las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) rechazaron «categóricamente» la aprobación en el Senado mexicano de la reforma que traslada el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Ambos organismos consideraron que dicha reforma, avalada por el Senado en la madrugada del viernes y enviada al Ejecutivo federal, generará más violaciones a los derechos humanos en México.
«Amnistía Internacional rechaza categóricamente la decisión de las y los senadores de legalizar la militarización de México», señaló el organismo en un comunicado.
Dijo que la aprobación de la iniciativa que formaliza la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa (Sedena), haciendo oficial su carácter militar, por parte del Senado de la República, «representa un atroz acto que pone en riesgo la garantía de los derechos humanos en México».
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de AI México, indicó que en los últimos 16 años se han visto «los desastrosos» resultados de la militarización de la seguridad pública en México y por ello llamó al Ejecutivo a diseñar un plan de retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las calles.
Consecuencias «desastrosas» en derechos humanos por militarización
Dijo que se debe priorizar el fortalecimiento de las policías civiles, así como el desarrollo de políticas públicas de prevención, tendientes a garantizar la seguridad pública.
«Ya basta de violaciones de derechos humanos y la impunidad», enfatizó.
Amnistía Internacional recordó que el enfoque militarizado en la seguridad pública ha tenido consecuencias «desastrosas» para los derechos humanos, pues más de 100.000 personas están desaparecidas en el país, mientras que el Ejército y la Marina han sido acusados de violaciones generalizadas de derechos humanos.
«La Sedena ha sido objeto de más de 4.000 quejas por abusos contra los derechos humanos ante la CNDH desde 2014», puntualizó.
Señaló que por ello instituciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros organismos de la ONU han expresado repetidamente su preocupación por el uso de las fuerzas militares y policiales militarizadas para actividades de seguridad pública en México.
«Preocupaciones y recomendaciones que hoy han sido desestimadas», insistió.
Recordó que tanto AI como otras organizaciones de la sociedad civil han advertido que la estrategia de seguridad pública militarizada «ha sido fallida».
«México es hoy un país mucho más inseguro que hace 16 años», lamentó.
Y señaló que entre 2006 y 2022 los homicidios se han incrementado 218%; en 16 años han sido asesinadas más de 100 personas que ejercían el periodismo (15 de ellas en los primeros ocho meses de este año) y más del 97% de las 105 mil personas desaparecidas se registraron a partir de diciembre de 2006.
Un retroceso en seguridad pública
Por su parte, la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Nada Al-Nashif, expresó también su preocupación por la aprobación de esta reforma y consideró que es un «retroceso» para la seguridad pública basada en los derechos humanos.
«Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas», señaló Al-Nashif en un comunicado.
