México, 29 oct (EFE).- Los secuestros y la tortura aumentaron para las personas migrantes que cruzan México en el mes de septiembre, denunció este martes la organización Médicos sin Fronteras (MSF).
En un comunicado, la organización indicó que durante septiembre sus médicos brindaron atención a 11 migrantes víctimas de secuestro y tortura, una cifra que iguala a los atendidos durante los primeros 8 meses del año.
«Lo que estamos viendo es un crecimiento exponencial de los secuestros en esta área y un aumento en la crueldad y los métodos de tortura que emplean los grupos delictivos que operan en esta zona», menciona Gemma Pomares, responsable de actividades médicas de MSF en Tenosique, en el suroriental estado mexicano de Tabasco.
«Los sobrevivientes narraron en consulta médica y psicológica haber sido llevados a casas abandonadas donde fueron obligados a quitarse la ropa, fueron atados con lazos durante horas, expuestos a la intemperie a altas temperaturas y bajo las inclemencias del tiempo a cambio de que proporcionaran los números de teléfono de sus familiares», aseguró la entidad.
La organización reportó que se atendió a pacientes que habían recibido impactos de arma de fuego, agresiones con armas blancas, agresiones sexuales y otras torturas como descargas eléctricas en el ano y en los genitales.
MSF denunció también que «las políticas del Gobierno Mexicano basadas en la criminalización, persecución, detención y deportación en aras de contener los flujos migratorios hacia la frontera norte condenan a la población migrante a la clandestinidad y a tomar rutas cada vez más peligrosas».
Esas medidas, «están exponiendo a más mujeres, niños y hombres a bandas criminales que operan con impunidad a lo largo del territorio mexicano y en particular en la ruta de Guatemala a Tenosique».
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) condenaron este martes los actos de violencia llevados a cabo recientemente contra un albergue de migrantes y refugiados.
«Indignación y preocupación, por los actos de violencia dados a conocer a estos organismos, en contra del presbítero Alberto Ruiz Pérez y su equipo de colaboración del albergue para migrantes y refugiados El Refugio, ocurridos el pasado 24 de octubre», apuntaron las organizaciones en un comunicado.
Exponen que un grupo de personas armadas irrumpieron en el albergue, lo amagaron con armas de fuego, los golpearon y robaron la cantidad de 20.000 pesos (unos 1.046 dólares).
«Las personas defensoras realizan labores fundamentales para la vida democrática del país. Estas no solo trabajan para la defensa de los derechos humanos, sino que han incidido en la creación de herramientas indispensables para su efectiva garantía», apuntaron los organismo.
Por ello, las organizaciones solicitaron a las autoridades «que se implementen las medidas cautelares para salvaguardar la vida y seguridad de los colaboradores del albergue, así como sus instalaciones».
Además, piden «que se indaguen tales hechos con un enfoque diferenciado, atendiendo protocolos y directrices de investigación de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos».
Desde octubre de 2018 miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, empezaron a cruzar en caravana México para llegar a Estados Unidos.
A inicios de junio, Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo migratorio que evitó que el primer país impusiera aranceles a todos los productos provenientes del segundo.
A raíz de ello, México envió a las fronteras norte y sur a la Guardia Nacional, lo que ha provocado este verano una reducción del 58,7 % del flujo migratorio.
Este martes, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció en un comunicado que reforzará las acciones de «sensibilización, respeto y salvaguarda de los derechos humanos de personas migrantes».
