Los diputados de oposición aprovecharon la comparecencia del secretario de Finanzas para recriminarle el hecho de que se pretenda hacer efectivo el “año de Hidalgo”, cuando se está considerando para la Oficina del Gobernador un gasto directo de 150 millones de pesos, “libre de polvo, paja y sin justificar su aplicación”.
Pero no fue solo el derroche en el gasto de la Oficina del Gobernador, sino también los bonos de fin de sexenio para los funcionarios y la desatención de problemas delicados como el de la pandemia, el suicidio y la violencia contra las mujeres, lo que cuestionaron de manera punzante los diputados de oposición e incluso también algunos del mismo partido del titular del Ejecutivo, aprovechando la presencia del responsable del manejo financiero del Estado.
La diputada morenista Ana Laura Gómez, el perredista Emanuelle Sánchez y la verde-ecologista Genny López Ruvalcaba, criticaron lo que uno de ellos llamó “carretada de recursos sin etiquetar” y que en el último año del Gobierno estatal se manejará con total discreción y opacidad, además de que para rubros como el de movilidad y otros que no son prioritarios se propone en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos planteado para el próximo año, destinar altas sumas financieras.
Luego de cuestionar al contador Carlos Magallanes, titular de Finanzas del Estado, sobre el aumento del 8% en el monto del recurso que se propone para los gastos personales del gobernador Martín Orozco, cantidad que alcanza los 150 millones de pesos, la legisladora Ana Gómez Calzada sostuvo que “es injusto que se despilfarren los recursos públicos en tiempos de crisis”.
Pero no solo eso, sino que la legisladora también pidió que se justificara el “gasto monumental” que se tiene proyectado realizar por la Oficina del Gobernador, y más cuando el último año de la actual Administración estatal será de solo ocho meses, puesto que concluirá el 30 de septiembre de 2022; “es inentendible que mientras que en otros rubros hubo reducciones, para los gastos personales del gobernador no haya limitante”.
A su vez, el perredista Emanuelle Sánchez Nájera dijo que lo que se pretende como gasto de la Oficina del Gobernador es una “cantidad industrial de dinero sin etiquetar”, por lo que su ejercicio se hará de manera discrecional por el mandatario.
Por su parte, las diputadas Genny López, Verónica Romo, Nancy Gutiérrez y el legislador Arturo Piña, coincidieron en que de alguna manera se desatendía o no se le daba la importancia debida en el presupuesto a los temas de la prevención del suicidio, la violencia contra las mujeres, la salud, pero sí en cambio se aseguraba en la distribución del gasto el recurso para el bono del fin de sexenio para los funcionarios de alto nivel y los directores que quedarán cesantes al término del sexenio orozquista, “pero de alguna manera forrados de dinero”, señaló uno de los diputados de oposición.