El acceso a los asuntos de la administración pública es una demanda que no solamente consta en asegurar que los gobernados no se sientan ajenos al curso de los temas de interés colectivo, dijo el diputado Juan Pablo Diosdado, al exponer tras la aprobación del dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, ayer.
Aseguró que el derecho universal al acceso a la información se centra principalmente en gobiernos abiertos y cercanos a la ciudadanía, pues se inscriben en la lógica del desarrollo institucional, en el cual la eficacia y la consolidación de las reglas del juego facilitan que representantes populares rindan cuentas a través de las declaraciones patrimoniales y de intereses, con la finalidad de verificar la congruencia de su patrimonio.
En la misma sesión el Pleno eligió a Juan Antonio Randolph Rodríguez como integrante del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes por un período de 7 años, quien de inmediato rindió protesta y comentó a los medios en breve entrevista que sus labores serán brindar asesoría en caso de ser necesario, pero observó que los integrantes son gente que conoce mucho de todos los asuntos y es solamente poner su opinión.
Por otra parte, tras la aprobación del dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que resuelve la iniciativa con el proyecto de decreto para reformar el artículo 64 fracción II de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes, expuso que el acceso a los asuntos de la administración pública es una exigencia que se trata también de crear mecanismos pertinentes para que de forma fácil y sencilla puedan saber, conocer y reconocer lo que las autoridades están haciendo. Por lo que la obligación de presentar las declaraciones no sólo será en las versiones públicas, sino que se dispone que sólo en los casos en donde la información pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos será reservada o confidencial, ello en la armonía con lo que se dispone en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Celebró la voluntad política de los presentes en el Congreso del Estado para discutir asuntos relevantes que no solamente garantizarán seguridad jurídica mediante la adecuación del marco normativo, además, en cumplimiento y armonización de lo mandatado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de crear los adecuados mecanismos que constantemente vigilen el actuar de los servidores públicos.
“Solamente de esta forma lograremos fijar un pleno Estado de Derecho donde se resguarde, administre e invierta adecuada y honradamente los recursos de las arcas públicas. Finalmente los invito a mantener este compromiso de trabajar en beneficio de la gente, la transparencia y el desarrollo de buenos gobiernos”, concluyó Juan Pablo.
MAD
