El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó la semana pasada un cambio que urgía. Removió a Diana Álvarez Maury como directora del Banco del Bienestar, digno de reconocimiento, y en su lugar nombró a Víctor Lamoyi Bocanegra, notable por lo desatinado de la elección. Una buena decisión se canceló con otra mala, por lo que es posible que si los problemas del Banco del Bienestar lo estaban ahogando, se pongan peor.
Álvarez Maury tuvo una gestión muy deficiente en el Banco del Bienestar, y las quejas en Palacio Nacional se venían acumulando por su incapacidad para resolver la capitalización de la institución creada por López Obrador.
Todo el dinero que le inyectaban terminaba en la basura. Las sucursales eran limitadas, algunas instaladas en lugares en medio de la nada, y en otras se llegaba al ridículo, como donde los cajeros automáticos eran humanos; es decir, en donde debía existir un cajero automático, como rezaba la señalización, no había ninguna máquina, sino una persona entregando el dinero solicitado. Del chip en la tarjeta, ni hablemos; inservible.
La exasperación de algunos colaboradores del Presidente encontró un aliado, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien al ver lo que la gestión de Álvarez Maury estaba generando, su impacto en las finanzas públicas y la posibilidad de que se convirtiera en un fracaso con repercusiones sociales, habló con López Obrador y le dijo, de acuerdo con funcionarios, que la directora no tenía la más mínima idea de cómo funcionaba un banco. Fue el empujón definitivo.
Su salida fue financieramente saludable, pero su relevo no. Al ser el Banco del Bienestar una institución que se supone es prioritaria para el Presidente, la remoción de Álvarez Maury no le abrió a Ramírez de la O la oportunidad para sugerir a alguien con experiencia bancaria para enderezarlo. López Obrador nombró a su paisano Lamoyi Bocanegra, con amplia experiencia administrativa, pero rodeada por enormes ineficiencias.
Lamoyi Bocanegra fue secretario de Finanzas en el gobierno de Arturo Núñez en Tabasco de 2013 a 2015, y renunció oficialmente por razones personales, en medio de señalamientos en los Medios locales por el desorden que tenía. Como muchos tabasqueños, encontró una plaza en el gobierno de López Obrador, y su brinco al Banco del Bienestar fue desde la coordinación nacional de Administración y Finanzas del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, donde su gestión fue una desgracia en cuanto a abasto de medicamentos.
El paisano del Presidente fue premiado poco después de que el Órgano de Control Interno del INSABI le encontró un adeudo de tres mil 500 millones de pesos a 12 proveedores de medicinas e insumos desde diciembre del año pasado, lo que significó paralelamente un subejercicio por esa cantidad. El Órgano de Control Interno dijo que se debió a la “falta de control, seguimiento y supervisión sobre el pasivo contraído por los proveedores, por las áreas que realizaron pagos y saldos pendientes de pagar”.
La falta de pagos a proveedores de medicinas no se volvió en otro problema para el Gobierno, porque la industria está sometida a una especie de chantaje del Gobierno, donde sin importar que no les paguen, tienen que seguir abasteciendo medicinas porque de otra forma son sujetos a multas. La industria está estirando sus recursos, pero el mal ejercicio de Lamoyi Bocanegra podría provocar el cierre de algunas empresas, o que la cadena de suministro se rompa por la imposibilidad de seguir trabajando gratis para el Gobierno.
En un Gobierno que opera bajo criterios no políticos, este tipo de acciones que permean desde Palacio Nacional producen aberraciones en la gestión donde los incentivos son inversos. Si son leales, aunque profundamente incapaces, serán protegidos, como Álvarez Maury, que no perdió su chamba. Lamoyi Bocanegra, hombre de la claque tabasqueña, no fue castigado, sino elevado en responsabilidad.
Haber sido premiado pese a haber puesto en riesgo el abasto de medicamentos, es un patrón en el Presidente desde que ante las críticas sobre la falta de experiencia de funcionarios y en defensa de un incompetente en un área de seguridad, afirmó en 2019 que prefería tener colaboradores con “90% de honestidad y 10% de experiencia”. Lamoyi Bocanegra es uno de tantos. En la cadena de cambios en los segundos niveles de la administración realizados en días recientes, el Presidente nombró a Almendra Loreta Ortiz como directora de Normatividad de Administración del ISSSTE.
Ortiz remplazó al general Jens Lohmann Iturburu, quien fue nombrado como nuevo director de Birmex, los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, que es la productora y comercializadora del Gobierno. Lohmann es un militar con lustros de experiencia, mientras que Ortiz saltó al delicado cargo directamente de la Ayudantía del Presidente, que son quienes le ayudan a López Obrador a abrirle puertas, ayudar su paso entre la gente, cargarle sus maletas, buscarle qué comer o beber si lo necesita, tareas de esa naturaleza acorde con sus capacidades. Ahora, impulsada por el trampolín de la Ayudantía, manejará los dineros de una institución de salud estratégica.
Cuál ha sido el costo de premiar lealtad sobre experiencia, es algo que todavía no se puede medir cabalmente. Visible ha sido la pérdida de vidas por el desastre en el abasto de medicinas, cuyas consecuencias letales siguen.
O el invento de la “guerra contra el huachicol” para cubrir la ruptura en la cadena de suministro de combustible causado por la nueva administración en Pemex. La corrupción que pensaba el Presidente se reduciría, se incrementó, y camina a ser el Gobierno públicamente más corrupto en la historia de este país.
Prácticamente cada día hay denuncias en la Prensa sobre corrupción en el Gobierno, mientras López Obrador tiene marcada su propaganda con la palabra “Bienestar”. En muchos rubros la gestión ha caminado hacia el beneficio de unos cuantos, y en perjuicio de las mayorías. La realidad es que los privilegios que reiteradamente asegura desaparecieron, se transfirieron de manos, causando muchos de sus leales daños irreparables.
