Mientras que por tercer día se impidió que salieran a ruta los camiones chinos de la Línea Express y que se advirtió que la misma medida se aplicaría en los camiones de otras rutas, los dueños de los autobuses anunciaron que si no se respetan sus derechos llevarán el caso hasta los tribunales debido a la actuación abusiva y represora de las autoridades de gobierno.
Los afectados advirtieron, en entrevista con HIDROCÁLIDO, que se prepara una defensa legal sólida contra el abuso del Gobierno, puesto que pende la amenaza de que se desactivarán más camiones de otras rutas con tal de hacer que se cumpla el capricho de las autoridades para que se entregue en bandeja de plata el control del transporte al Grupo ADO.
“Se ha tenido pláticas con las autoridades, pero no se ha llegado a nada hasta ahora, porque siguen cerrados en hacer las cosas como ellas quieren por los compromisos que tienen con la nueva empresa, por lo que en el momento que se rompan las negociaciones se acudirá a los tribunales para solicitar los amparos respectivos para que nos dejen trabajar”, mencionaron empresarios del sector que fueron afectados con la desactivación de la mayoría de los camiones que cubren las rutas 12, 37, 20 y 40.
En ese marco y luego de que los urbaneros afectados calificaron como autoritaria y represiva la decisión que tomaron las autoridades para desactivar los camiones chinos, los afectados señalaron que se buscará no sólo el amparo para que se reactiven sus unidades, sino que también se exigirá que se les indemnice por las pérdidas millonarias que les están generando, al sostener que aunque los camiones tienen 72 horas parados, no se les ha dejado de pagar salario y prestaciones a los choferes que siguen cumpliendo sus jornadas en espera de que se les dé salida a los camiones.
Asimismo precisaron que no hay congruencia en el actuar del Gobierno, porque por un lado saca del servicio los camiones que ellos obligaron a que se compraran, argumentando que no se renovaron los permisos, pero por otro lado trae de otras partes camiones de desecho que no cumplen en lo absoluto las normas que regulan la prestación del servicio, lo que deja al descubierto sus verdaderas intenciones, que no son otras más que las de fastidiar a quienes no se prestan a su juego perverso.
“Las autoridades tienen que respetar los derechos de quienes prestamos el servicio y las reglas que ellos mismos pusieron cuando se pidió que se invirtiera en la compra de los camiones, pues no se vale que nomás por sus pistolas quieran imponer su ley”, mencionaron los afectados.
