Empresarios del sector gasolinero coincidieron en que el combustible adulterado es un problema que genera un gran impacto fiscal, económico, en la salud, medio ambiente y sobre todo de seguridad, en el marco de la Expogas que tuvo lugar en Aguascalientes.
Con respecto a la verificación realizada por la PROFECO el director general de Petro Intelligence, Alejandro Montafar señaló que primero se deben enfocar en el problema del contrabando que se encuentra estimado por el SAT en un 30%, de ponerle un freno a la situación se pudiera contar con recursos para poder reducir el IEPS en 2.80 pesos por litro.
Indicó que es necesario que la PROFECO verifique las estaciones de servicio, ya que el contrabando no solamente afecta a los costos, sino que el tema de seguridad, Consideró que el diagnóstico de la PROFECO en cuanto a los precios bajos o altos en las gasolineras es erróneo, porque no se está considerando que implicó una mayor inversión por parte del gasolinero por la ubicación de la estación o los costos de operación.
El empresario señaló que no se pueden clasificar los precios bajos como buenos, ya que los costos por abajo del que vende PEMEX en la terminal pone en duda la procedencia del combustible, “no se puede premiar a los baratos”.
Dio a conocer que la perspectiva para este 2025 es que el precio de la gasolina se mantendrá estable a pesar de los aranceles en los 24 pesos por litro, pues se ha visto una tendencia a la baja a nivel general luego del anuncio de la imposición de los aranceles, “la estabilidad la vamos a ver más en México por la política del convenio de topar el precio a los 24 pesos”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), Alicia Zazueta Payán señaló que en la parte de las leyes secundarias se encuentran temas importantes como el combate del producto ilegal, la fiscalización mayor de controles volumétricos.
La existencia del huachicol es una problemática que ha ido en aumento, provocando una competencia desleal para las estaciones de servicio, las cuales deben de cumplir con 90 normas en la fase de operación y de mantenimiento.
Reconoció que se ha visto más inspección y vigilancia durante la nueva administración de gobierno, ya que la adulteración o mezcla del combustible se puede dar durante la logística y es difícil que en la gasolinera se den cuenta, hasta que se descompone el vehículo o el equipamiento de la estación de servicio.
Alicia Zazueta le solicitó a las autoridades que realicen un trabajo conjunto con Asociaciones, Cámaras y empresarios para hacer frente al producto ilegal que afecta en diferentes rubros. La presidenta de la AMPES calificó como positivo que la PROFECO realice verificaciones conjuntas incluso con la Guardia Nacional, “estamos a favor, porque ellos están cuidando que los establecimientos cumplan con la norma y están protegiendo al consumidor”.